LA UNIÓ de Llauradors reclama al Gobierno reducciones fiscales para los agricultores y ganaderos valencianos
LA UNIÓ de Llauradors ha presentado a la Delegación del Gobierno y a los Ministerios de Agricultura y Hacienda un completo informe para que el Gobierno apruebe reducciones fiscales para los diferentes sectores agrícolas y ganaderos de la Comunitat Valenciana que sufrieron a lo largo del pasado año multitud de circunstancias de extraordinaria índole, desde climatológicas hasta crisis de precios o incremento generalizado de los costes productivos. Mañana se entregará también a la Conselleria de Agricultura en el transcurso de una reunión convocada al efecto, con objeto de que haga suyas las peticiones de los agricultores y ganaderos valencianos y las traslade al Gobierno central.
El Ministerio de Economía y Hacienda publicó en noviembre una Orden con las reducciones para la declaración de la renta del ejercicio 2015, que corresponde cumplimentar este año, y en la que no se contempla ninguna reducción general del IRPF para el sector agrario de la Comunitat Valenciana salvo para la uva de mesa. Por ello el informe de LA UNIÓ se basa en un informe de cada cultivo que pone de manifiesto que han ocasionado una reducción drástica de los ingresos procedentes de la actividad agraria y que conllevan la consecuente disminución de los ingresos necesarios para hacer frente a las inversiones y gastos necesaria para seguir manteniendo en activo su actividad económica y empresarial. Por tanto se precisa una adecuación de los índices de rendimiento neto de las actividades agrarias a la realidad económica del sector productor agrícola y ganadero del ejercicio 2015. También se pide un aumento de la deducción por gastos de difícil justificación para los agricultores y ganaderos incluidos en el Régimen de Estimación Directa por el incremento de los costes productivos. En sectores ganaderos se solicita además una reducción del rendimiento neto del 15% del precio de los piensos y otros productos alimenticios necesarios. Del mismo modo se reclama al Ministerio de Agricultura su intermediación ante el de Hacienda para agilizar la devolución del IVA pues los actuales plazos son dilatados y causan problemas de liquidez a las explotaciones.
El principal problema climatológico del pasado año fue y sigue siendo la falta de lluvias y las elevadas temperaturas que han conllevado entre otras cosas la pérdida en cantidad y calidad de las producciones agrícolas e incluso pérdida de arbolado en secano, el incremento de los riegos o del nivel de plagas. Pero también ha habido diversos pedriscos o situaciones de vientos cálidos que han mermado producciones y perjudicado la renta de los productores.
Otras causas de descenso extraordinario de rendimiento económico para los agricultores valencianos el pasado año es la prórroga del veto ruso. Algunos cultivos sí han tenido ayudas pero como mucho han servido para pagar los gastos de recolección y transporte; pero hay otros como el caqui o el granado o el sector porcino en ganadería que son los más afectados por esta barrera comercial y no están contemplados como beneficiarios de las ayudas compensatorias.
Los sectores ganaderos vuelven a ser los grandes perjudicados en el tratamiento fiscal del Ministerio de Hacienda y, concretamente, los servicios de cría y engorde de aves y cerdos (régimen de integración ganadera) que tienen los índices de rendimiento más elevados del sector agrario. En este sentido, además del incremento de la electricidad -vital para su continuidad- ha visto como las empresas integradoras han reducido las entradas en las granjas, lo que ha conllevado una evidente disminución de la renta: menos ingresos y mayores costes fijos. El porcino además sufre las consecuencias del veto ruso mencionado anteriormente.
En sectores como el ovino-caprino, vacuno y apicultura, la grave sequía ha provocado una disminución de los pastos y, en consecuencia, un mayor incremento de los costes de alimentación que no se contemplan en la tributación. En referencia a los productores de conejo han experimentado pérdidas importantes por unos precios durante todo el año pasado inferiores a los costes de producción que marca el propio Ministerio de Agricultura.
