LA UNIÓ de Llauradors denuncia un aumento de robos de almendras en la mayor parte de las zonas productoras
La baja cosecha ha provocado un repunte de los precios y por tanto un mayor interés para sustraerlas
Pide mayor control e inspección a los comercios sospechosos de comprar almendras robadas
LA UNIÓ de Llauradors ha detectado un aumento de los robos de cosecha de almendra, en plena campaña de recolección, en la mayor parte de las comarcas productoras de la Comunitat Valenciana.
El hecho de que la cosecha sea realmente baja en el conjunto de zonas, aunque en algunas más que en otras, ha provocado un repunte de las cotizaciones esta campaña y con ello también un incremento de las sustracciones ante la atracción de tener en el árbol un producto más demandado y con un precio más ajustado a la realidad.
Los robos se dan en todas las zonas aunque con especial proliferación en las comarcas de Utiel-Requena y en las de Camp de Túria, los Serranos y el Rincón de Ademuz, todas ellas relativamente cercanas lo que podría indicar que los autores de los robos forman parte de grupos organizados y con un mercado ya consolidado. Por ejemplo en la comarca de Requena-Utiel se prevé que la cosecha sea un 40% más baja que la anterior.
LA UNIÓ ya señalaba en junio que confiaba en un aumento de los precios teniendo en cuenta el descenso en la producción y el aumento del consumo internacional de almendra, aunque ahora los robos no compensan todas estas perspectivas optimistas.
LA UNIÓ ya ha trasladado a la Delegación del Gobierno que extreme los controles y la vigilancia por parte de las fuerzas y seguridad del Estado en las zonas productoras, tanto a través de controles en campo como en inspecciones en almacenes de recepción para evitar la proliferación de estos robos.
En este sentido, LA UNIÓ reclama también a las empresas del sector un mayor esfuerzo y colaboración a la hora de comprar la almendra, verificando la procedencia y denunciando a toda persona sospechosa de vender producto procedente de robos. Las fuerzas de seguridad del Estado y policías deben perseguir e inspeccionar aquellas empresas que compran producciones agrarias y no pueden demostrar su procedencia, pues no hay que olvidar que “si se roba es porque hay un comprador detrás y por tanto hay que perseguirlo con todas las consecuencias”, señalan fuentes de LA UNIÓ.
