Unides Podem denuncia en el Congreso el procedimiento de expulsión de un colombiano que acudió a denunciar a la comisaría de Burjassot
Marisa Saavedra ha recordado las recomendaciones del Defensor del Pueblo para que no expulse a extranjeros en situación administrativa irregular que acudan a las comisarías a denunciar delitos
La diputada de Unides Podem por Castelló en el Congreso, Marisa Saavedra, ha presentado junto Ismael Cortés y Enrique Santiago, diputados de la Comisión de Interior, preguntas al Ministerio del Interior sobre la expulsión de un migrante que denunció la destrucción de su pasaporte acudiendo a la comisaría de Burjassot.
Saavedra ha explicado que el grupo parlamentario ha conocido este caso a través de València Acull quien ha relatado que a raíz de desplazarse voluntariamente a la comisaría para informar sobre la pérdida de su documentación, que se habría quemado después de incendiarse la autocaravana donde dormía, el pasado mes de diciembre, el Cuerpo Nacional de Policía ha incoado un procedimiento de expulsión contra A.H.R, un ciudadano colombiano, por estancia irregular en el Estado español.
La diputada destaca que desde el año 2004, el Defensor del Pueblo recomienda al Ministerio de Interior que no se incoen procedimientos sancionadores en los extranjeros en situación administrativa irregular que acudan a las comisarías a denunciar delitos, amparándose en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, la Directiva europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito y la Recomendación general de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa.
No es el primer caso similar que denuncia la entidad antirracista, pues en mayo del 2019, denunciaron a través de una campaña mediática el caso de una mujer de Honduras, que se presentó a denunciar la agresión de un hombre y acabó detenida, sin poder denunciar y con una orden de expulsión.
Esta manera de proceder de las Fuerzas de Seguridad no “solo provoca temor y desconfianza hacia los quienes tendrían que velar por la seguridad de todas las personas sino que genera indefensión en las víctimas, la impunidad de los victimarios y obstaculiza el acceso a derechos, es una vulneración del Estatuto de la Víctima del delito y una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica.
Por eso Saavedra ha preguntado si se ha realizado alguna actuación para poder garantizar el derecho de las víctimas a denunciar con garantías, en relación con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la normativa nacional e internacional, y si se va a tomar alguna medida para que las personas testigos o víctimas puedan denunciar con seguridad, independientemente de su situación administrativa.
