El TSJCV obliga al Consell a entregar a Compromís el informe de Price Waterhouse sobre RTVV
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado la razón, con una sentencia, a los portavoces de Compromís Enric Morera y Mónica Oltra en el contencioso que mantenían con el Consell por la negativa de éste a entregarles el informe de Price Waterhouse en el que el gobierno del PP se basó para realizar el Expediente de Regulación de Empleo de Radio Televisión Valenciana.
El TSJCV considera que con la negativa a entregar este informe el gobierno valenciano vulneró dos derechos fundamentales de los diputados como son el derecho a participar en asuntos públicos y el derecho a acceder con igualdad a las funciones y cargos públicos, establecidos en el artículo 23 de la Constitución.
El Tribunal condena asimismo al Consell a pagar las costas del procedimiento judicial y establece un plazo máximo de 20 días para que el gobierno valenciano ponga a disposición de Morera y Oltra este informe.
Según ha señalado Oltra "esta sentencia es un golpe muy duro al gobierno del PP ya que les dice que no pueden seguir actuando de la manera impune que están actuando ocultando información a la oposición. Es muy grave que el TSJ diga que el Consell con su actuación vulnera derechos fundamentales de los diputados de Compromís, obligándoles a darnos la documentación que les pedíamos y que desde el gobierno del PP se nos negaba sin justificación, como bien ha destacado el Tribunal".
"Esta sentencia es una evidencia más de que la falta de transparencia y el abuso de poder que supone no permitir que los diputados de la oposición podamos controlar al gobierno es la causa de que en este país tengamos una corrupción tan generalizada vinculada al PP".
"Ese germen de la corrupción es lo que desde Compromís estamos tratando de combatir con nuestros recursos ante el TSJ. Lo que estamos tratando de atacar con estas actuaciones jurídicas es precisamente el oscurantismo, la falta de transparencia y el abuso de poder por parte del PP".
Esta sentencia se suma a otras dictadas por el TSJCV contra la opacidad del gobierno del PP, como la de abril de 2011 en la que el Tribunal obligaba al Consell a entregar a Compromís la relación de contratos menores con la trama Gürtel, que fue recurrida por el gobierno valenciano y que el Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de marzo.
