El Tribunal Supremo ratifica la anulación de la plaza de intendente de la policía local de Riba-roja de Túria creada meses antes de las elecciones del año 2011
El Abogado del Estado recurrió la decisión junto a una subida salarial ilegal
La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por un aspirante a la plaza de intendente de la policía local de Riba-roja de Túria e impone las costas procesales, hasta el límite de 500 euros por todos los conceptos al recurrente. El fallo del alto tribunal es firme y contra el mismo no cabe ya recurso alguno.
La sentencia del Tribunal Supremo ratifica la decisión que en abril del año 2020 dictó la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con la anulación de la citada plaza de intendente principal de la policía local del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria que creó el Partido Popular meses antes de las elecciones del año 2011.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano admitía en el año 2020 el recurso de apelación interpuesto por el propio consistorio de Riba-roja de Túria contra una decisión anterior en la que se estimaba el recurso del empleado que, en su momento, ganó la citada plaza funcionarial. Esta decisión fue recurrida en casación ante el Supremo que ahora ha validado el fallo anterior.
Los hechos que originaron el fallo arrancan en febrero del año 2011 cuando el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, gobernado entonces por el Partido Popular, creó pocos meses antes de las elecciones locales la plaza de intendente, así como otras cinco plazas municipales además de decretar una subida salarial media del 3’2%, muy superior al 0’3% que fijaba el índice de precios al consumo (IPC) para todos los trabajadores.
El Abogado del Estado recurrió la creación de las seis plazas de funcionarios, así como el presupuesto y la relación de puestos de trabajo (RPT) que creó el entonces gobierno de Partido Popular en el año 2011 al entender que todas estas decisiones no estaban justificadas y contravenían algunas de las disposiciones contempladas por el gobierno central en materia presupuestaria y laboral.
Sin embargo, el aspirante que ganó la plaza empezó a ocuparla en el año 2012 hasta que en enero del año 2015 solicitó una comisión de servicios para desempeñar la misma categoría profesional en el vecino municipio de Manises en calidad de comisión de servicios que se prolongó hasta enero de 2016, fecha de vencimiento de la citada comisión de servicios.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria del año 2016 se opuso al retorno del empleado municipal a la plaza de intendente al entender que una sentencia judicial del Tribunal Supremo anulaba la citada plaza profesional, así como la subida salarial muy por encima del IPC vigente en aquellos momentos junto a la creación de diversos puestos de trabajo en el consistorio.
El Tribunal Superior de Justicia afirmaba en una sentencia del 29 de febrero de 2016 que la amortización de la plaza de intendente principal en Riba-roja de Túria “cumple el fallo que tuvo lugar referido a dicha plaza” y subraya que “carece de soporte jurídico que el interesado disfrute de una plaza y ocupe un puesto de trabajo inexistente con arreglo a derecho y que ya se habían amortizado”.
No obstante, en octubre del año 2017 el mismo Tribunal Superior de Justicia valenciano estimó el recurso interpuesto por el interesado contra la presunta denegación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria para readmitirlo en su puesto. Sin embargo, el ayuntamiento recurrió la decisión ante el TSJ que en abril del año 2020 ratificó la decisión del consistorio y rechazó las peticiones del demandante que recurrió ante el Supremo.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestado que la decisión del Supremo “viene a confirmar la ilegalidad del gobierno del PP al crear las citadas plazas y subir los sueldos por encima del IPC y, al mismo tiempo, se viene a ratificar la postura del actual ejecutivo local que ha obrado, en todo momento, para defender los intereses generales del ayuntamiento”.
