El PP pide explicaciones a Puig sobre las "irregularidades cometidas en la adjudicación de los uniformes de la policía de Torrent"

La Portavoz de Gobernación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Verónica Marcos, ha pedido explicaciones al presidente de la Generalitat sobre las irregularidades cometidas en la adjudicación de 200.000 euros de la uniformidad de la Policía Local de Torrent. “La Justicia ya ha abierto procedimiento penal y dirá lo que tenga que decir, pero hay responsables políticos que deben dar la cara y asumir sus responsabilidades”.

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia en Les Corts del director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias, José María Angel, y del alcalde de Torrent, Jesús Ros, para que den las explicaciones oportunas.

La diputada popular Verónica Marcos considera que “el señor Puig debe empezar a poner orden porque de lo contrario será cómplice de las irregularidades que se están cometiendo en los ayuntamientos socialistas. Tanto el ayuntamiento de Torrent como la dirección general, ambas gobernadas por el PSPV, admiten irregularidades y se echan la culpa unos a otros sin que, a fecha de hoy, haya habido ningún responsable político”.

La portavoz popular ha recordado que, “además de Torrent, otros ayuntamientos socialistas como Paterna o Requena también intentaron cometer la misma irregularidad y se echaron atrás al conocer la denuncia del PP ante la fiscalía”.

Para Verónica Marcos, “el Consell se esconde y procura que pase desapercibida una irregularidad sobre las que no ofrecen explicaciones. La consellera de Justicia, en su comparecencia en Les Corts, echó balones fuera y culpó al Ayuntamiento y, en segundo lugar, mintió cuando afirmó que el Ayuntamiento solicitó la autorización fuera de plazo. Bravo mintió porque existen informes previos a la adjudicación tanto del director general, del IVASPE y del gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales que en ningún caso prohíben la utilización de las prendas no contempladas en el decreto. Pero no solo eso. Tanto la Generalitat como la dirección general desoyeron a CCOO y otras empresas cuando advertían de las irregularidades que se estaban cometiendo en el procedimiento”.

La portavoz popular considera que “la propia Generalitat debía haber llevado el asunto a la Fiscalía porque tenían pruebas más que suficientes de que se estaban cometiendo irregularidades que luego, más tarde, han admitido. Sin embargo callaron hasta que el PP denunció y la justicia ha abierto un procedimiento penal por presunto delito contra la administración pública”.

Verónica Marcos ha concluido que “creemos que Ximo Puig debería dar explicaciones sobre este asunto de dudosa legalidad en ayuntamientos gobernados por el PSPV. De lo contrario será cómplice de una situación que huele muy mal”.