La explotación del agua potable de Torrent se encargará a un socio privado por un total de 25 años

Al pasado Pleno Ordinario de enero el Ayuntamiento de Torrent, con los votos a favor del tándem de gobierno conformado por PSOE-Cs y el voto en contra de Compromís, aprobó alargar un año la vida de la actual sociedad de capital mixto Aigües de l'Horta de Torrent. Esta prórroga era la segunda concedida, después de una anterior por dos años acordada en 2021.

La nueva prórroga fue bendecida por el gobierno municipal aduciendo que los costes energéticos habían cambiado y que, por lo tanto, las cifras del informe encargado para el futuro modelo de gestión se tenían que recalcular. Para Compromís esta prórroga no es sino una excusa para alargar un año más la vida de la sociedad, que tendría que haber expirado en febrero de 2021, y dónde, desde entonces, la mercantil privada que ostenta la gestión de Aigües de l'Horta se ha llevado el 49% de los beneficios proporcionales que anualmente reparte la entidad, y que en 2021 fueron de 1.135.964’04€. Los beneficios brutos previstos para el 2022 (antes de impuestos) se estiman por un total de 1.063.119,83€, tal y como aparece reflejado en el presupuesto municipal aprobado para el pasado 2022. Con esta prórroga también se repartirà los correspondientes al 2023 y los de dos meses correspondientes a 2024.

Todas estas prórrogas están sustentadas en la elaboración de unos informes que, finalmente, han costado 32.791€, y que se han encargado externamente a dos empresas: PWACS, que ha percibido 16.819€, y AGES por 15.972€ (ambás IVA incluido).

En opinión de Xavier Martí, como representante del grupo municipal de Compromís en el Consejo de Administración de Aigües de l'Horta: “los informes, especialmente el de PWACS (que es el principal y en el que se escuda el gobierno municipal para optar por la empresa mixta) orientan su discurso y su dialéctica a perpetuar su modelo de explotación, dirigido actualmente por la multinacional Veolia, que es quien ostenta la gerencia de la entidad y el 49% del capital social”.

Martí ha explicado que los documentos presentados ante el Pleno calculan los rendimientos estimados para cada una de las modalidades de gestión, y que, en su opinión “tal y como era de esperar por parte del gobierno de PSPV-Cs, la gestión pública es la peor parada dando unos resultados económicos inferiores, pero después de estudiar detenidamente las estimaciones presentadas estas sufren de omisiones y errores claramente intencionados para penalizar la gestión municipal”.

En concreto, Martí detalla que los cuadros de resultados después de impuestos, que han presentado por los 25 años de duración de la explotación, no descuentan en el caso de la modalidad de socio privado (empresa mixta) ni el beneficio total que se llevará por la participación accionarial (que todo apunta que será del 49% actual) ni calcula correctamente el montante total del Impuesto sobre Sociedades que tendría que satisfacer en esta modalidad de gestión indirecta y que supondría el 15% sobre los beneficios netos durante los dos primeros años y el 25% en el resto de los 23 años restantes.

Así, y en el caso de la gestión directa pública o mediante un Organismo Autónomo municipal, explica que todos los beneficios revertirían en las arcas locales y además esta forma de gestión está exenta del pago del impuesto sobre sociedades, sumando por lo tanto dos partidas económicas importantísimas en favor de la gestión 100% pública, conceptos a los que se tendrían que sumar toda la parte de control directo sobre las inversiones, las compras, los gastos financieros y la sensibilidad social sobre la factura del agua a particulares y empresas más la medioambiental referida al control de los acuíferos torrentinos y la reducción de nitratos.

Finalmente, desde Compromís se pide una reflexión al partido socialista en el sentido de poder enderezar la situación y romper con un modelo que ha generado a lo largo de los últimos 25 años un descontento generalizado entre la población torrentina, especialmente en referencia a la calidad del agua y a las tarifas cobradas por determinados servicios, como el enganche a la red, las reparaciones o los contadores telemáticos.