La Dirección General de Seguridad advierte a Ros de que debe cumplir la ley en el “Caso Uniformes”
Mientras CCOO comunica a sus afiliados que la uniformidad de Torrent es ilegal
Nuevo revés para el Alcalde de Torrent Jesús Ros a cuenta del “Caso Uniformes”, hace tan solo unos días era el propio secretario del ayuntamiento quien certificaba la ilegalidad de la uniformidad policial, ahora desde la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias le advierten por escrito de que debe cumplir la ley, mientras que CCOO ha remitido una circular a sus afiliados advirtiendo de la ilegalidad de la misma.
Desde hace unos meses la actualidad política del ayuntamiento de Torrent gira en torno a un contrato de uniformidad policial por valor de 205.000 Euros, los populares vienen denunciando numerosas irregularidades en el concurso público presuntamente encaminadas a que el contrato se adjudique a una empresa en concreto.
Ha quedado certificado que el ayuntamiento de Torrent incumplió el decreto autonómico de uniformidad policial en base al que fabrican las empresas del sector, de esta forma solicitaron unas características técnicas que solo cumplía una empresa, penalizando a las que cumplían la normativa. Los populares no tienen reparos en calificarlo de “Un traje a medida”.
Tras el informe jurídico del secretario del ayuntamiento donde se dejaba patente que algunas prendas no se ajustaban a la legalidad, se ha remitido ahora un escrito de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias dirigido al Alcalde Jesús Ros Piles donde se le insta a “ajustarse a lo establecido en el Decreto 114/2005 regulador del sistema de homogenización y homologación de la uniformidad de la Policía Local”.
El sindicato CCOO con mucha representación en la plantilla policial, también se ha posicionado al respecto, emitiendo una circular interna donde se hacen eco del dictamen emitido por la dirección general sobre la ilegalidad de la uniformidad, “Que no pueden actuar contra la decisión municipal de comprar lo que estimen oportuno, pero si sobre el hecho de que dicha uniformidad no puede ni debe utilizarse”.
Estos nuevos acontecimientos comprometen todavía más la posición del gobierno socialista, y todo ello a la espera de un pleno extraordinario convocado por el PP para tratar exclusivamente esta cuestión.
El edil popular Nacho Carratalá quien lleva investigando “el caso uniformes” más de cuatro meses afirma “nos ha dado la razón el secretario, ahora la Dirección General de Seguridad y unos de los sindicatos mayoritarios, y el gobierno sigue decidido en incumplir la ley, parece que busquen que sea un juez quien tome cartas en el asunto. Han beneficiado a una empresa con practicas ilegales, perjudicando al resto”.
