Compromís-Podemos-EU propone aumentar la rebaja sobre el IBI de Torrent desde 0.5246% propuesto por el PP y VOX al 0.5%

Con el objetivo de favorecer las rentas bajas y medianas, desde el grupo municipal de Compromís-Podemos-EU se ha presentando una contrapropuesta a la rebaja del IBI propuesta del tándem de gobierno PP-VOX. Así lo han anunciado desde la formación de izquierdas. En concreto los ecovalencianistas piden en sus enmiendas una mayor rebaja impositiva, calificando la del PP-VOX como cosmética y de poco calado social.

En concreto, mientras desde PP-VOX se ha propuesto aplicar un coeficiente del 0.5246%, en cuenta del 0.5346% actual, desde el grupo encabezado por Xavier Martí la consideran mínima y se propone que la reducción del coeficiente sea mayor, llegando al 0.5%.

Adicionalmente, y para compensar la bajada en la recaudación impositiva y no afectar el funcionamiento otros servicios básicos para la ciudadanía, Martí demanda establecer el recargo del 50% sobre los grandes propietarios que recoge como posibilidad la Ley de Haciendas Locales.

El portavoz de Compromís-Podemos-EU ha explicado que, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008, los datos sobre los precios de mercado de la vivienda nos dicen claramente que las valoraciones actuales continúan sin llegar a los niveles establecidos en la revisión de los valores catastrales efectuada en Torrent durante los ejercicios de 2006 y 2007 bajo el entonces gobierno socialista.

Por lo tanto, según Martí, la base impositiva está a día de hoy hinchada, hecho que repercute especialmente en las rentas bajas y medianas, con un nivel fiscal excesivo e injusto.

Para paliar esta mengua impositiva, Martí explica que “proponemos, de manera paralela a la rebaja, la aplicación del recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto contemplada en el artículo 72.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que recoge que: Tendrán la consideración de inmuebles desocupados con carácter permanente aquellos que permanezcan desocupados, de forma continuada y sin causa justificada, por un plazo superior a dos años, y que pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial”.

“Es por lo tanto una compensación fiscal que afectará solo a los grandes propietarios, en especial los fondos inmobiliarios conocidos como “buitre” y a las inmobiliarias que están en poder de la gran banca”, ha concluido Martí.