El PP solicita en el Senado la activación de la cláusula de salvaguarda para “salvar la naranja” valenciana
El Partido Popular reclamará en el Senado a la Unión Europea la activación de la cláusula de salvaguarda en el Tratado de Comercio con Sudáfrica para intentar salvar la naranja en España.
Así lo han adelantado hoy el senador del PP por la Comunitat Valenciana, Antonio Clemente y el portavoz de Agricultura del GPP en Les Corts, José Ramón Calpe, tras mantener una reunión con la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) tras lo que han acordado pedir de forma conjunta su activación inminente en la Cámara Alta ante el momento "crítico" que atraviesa el sector agrícola dedicado al cultivo de naranjas.
Mociones en todos los ayuntamientos de la Comunitat
En este sentido, el diputado autonómico ha adelantado que el PP de la Comunitat presentará una moción, no solo en Les Corts, sino en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para pedir su activación y la realización de los estudios necesarios para solicitarla incluso en las importaciones procedentes de Egipto y Turquía.
Clemente ha destacado que el retraso de la campaña de los cítricos y la coincidencia en el mercado con producciones de Países Terceros, en especial con la naranja que entra de Sudáfrica, han perjudicado las operaciones y los precios que se pagan a los productores, después de un par de años en los que se habían recuperado ligeramente.
"El PSPV y Compromís que tienen un ministerio y una consellería están utilizando la naranja valenciana con fines electoralistas" ha lamentado Clemente ya que "tanto el ministro Planas como la consellera se dedican más a evidenciar sus líos internos que en solucionar la problemática del sector y aplicar medidas".
A esto hay que añadir, ha señalado, que las noticias que llegan de otros países como Turquía, Egipto y Marruecos, donde se espera una cosecha record, hacen que aumente la preocupación entre el sector cítrico, ya que las producciones de estos países van a competir con nuestras variedades tardías, una competencia a todas luces desleal ya que no competimos en igualdad de costes laborales y exigencias fitosanitarias con estos países.
A pesar de lo anterior y de las quejas y protestas por parte de las organizaciones agrarias, el Gobierno de España solo ha contemplado medidas insuficientes cuando "el actual panorama que presenta la citricultura es insostenible". Por ello, es imprescindible medidas concretas que alivien los problemas con los que se enfrentan los agricultores y que le permita al sector cítrico dotarse de los instrumentos necesarios para aumentar su competitividad.
Por ello, el PP insta al Gobierno de Sánchez, a liderar una iniciativa a nivel europeo de revisión e impacto de los acuerdos bilaterales de la Unión que impliquen importación de cítricos procedentes de Países Terceros, exigiendo la reciprocidad de la normativa europea en materia fitosanitaria y laboral, y en su caso establecimiento de las oportunas medidas correctoras cuando se evidencie que estas importaciones o la suma de ellas generan perjuicios graves al sector citrícola europeo.
Además, el PP solicita introducir medidas efectivas en la Reforma de la PAC que eviten la reiteración de la crisis de precios en el sector de frutas y hortalizas, especialmente en el sector de los cítricos, subsanando la discriminación, que sufre la agricultura mediterránea en la PAC. También reclaman incorporar al sistema de seguros agrarios español la posibilidad de un seguro de rentas basado en los costes de producción y el inicio de una campaña de incentivación del consumo de cítricos en los medios de comunicación públicos españoles.
Se hace necesario, ha explicado, incrementar la presencia de personal en Bruselas para que, en coordinación con las organizaciones agrarias, ejerzan la función de lobby permanente en materia de comercio internacional y que la retirada de producción de 50.000 Tms., gestionada por el Ministerio puedan acceder todos los agricultores afectados.
Por último el PP reclamará en el Senado la puesta en marcha ayudas al agricultor que demuestre una caída de ingresos por razones climáticas o comerciales de hasta 15.000 euros.
