El PSOE urge a resolver las solicitudes de prestación de los dependientes de Segorbe
La concejala socialista Mercedes Pérez denuncia que el bloqueo de la Generalitat afecta a numerosos segorbinos
Los socialistas de Segorbe han presentado una moción para que el pleno del Ayuntamiento inste a la Conselleria de Bienestar Social para que resuelva, a la mayor brevedad posible y siempre dentro de plazo, todas las solicitudes de valoración para la asignación de grado que se hayan tramitado correctamente y remitido desde Segorbe. Además, se pide que una vez reconocido el grado de dependencia a los solicitantes, se abone con urgencia la prestación concedida.
“La congelación del sistema de dependencia en la Comunidad Valenciana y concretamente en la provincia de Castellón, está afectando de manera directa a muchos segorbinos y segorbinas que han tramitado solicitud de valoración para la asignación de grado en el Ayuntamiento de Segorbe y que están a la espera de que se les valore y en caso de que les sea reconocido el grado se les asigne prestación o servicio de resolución expresa”, afirma la concejala socialista Mercedes Pérez.
En la provincia de Castellón, el sistema, que echó a andar en enero del 2007 con la promesa de prestar una ayuda o servicio a más de 25.000 personas, creció primero, se estancó después y ahora, recorte tras recorte, está acelerando su caída. La situación es tan crítica que las asociaciones y plataformas de defensa de la ley califican la situación de “paralización absoluta”.
Los datos que publica periódicamente el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) evidencian que el nivel de cobertura de la ley de dependencia es cada vez más bajo. Con las estadísticas oficiales en la mano la conclusión es clara: en los últimos dos años y medio, los recortes han expulsado del sistema a 1.605 dependientes de Castellón, a una media de casi dos dependientes al día. Los datos muestran que la tasa de reposición es negativa ya que la paralización absoluta del sistema hace que no haya nuevos dependientes con los que compensar los que mueren o salen del sistema.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como «ley de dependencia», sienta las bases para construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financia los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por sufrir una enfermedad o suceso incapacitante, o bien porque al llegar a la vejez no tienen garantizado un sustento mínimo.
La Ley establece que el Estado aportará más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta el 2015. El primer año serán 400 millones, ascendiendo anualmente esta cifra hasta sumar 2.212 millones en 2015. Las comunidades autónomas deberán aportar las mismas cantidades. Los usuarios sufragarán el 35% del total en función de su renta. Si una familia puede pagar el 90% del coste de una residencia, así deberá hacerlo durante todo el tiempo posible.
La Ley inició su andadura gradual el 1 de enero de 2007 y su desarrollo ha sido distinto según las Comunidades Autónomas. Según el Observatorio Nacional de la Dependencia, la Comunidad Valenciana es, junto a las Islas Canarias, la autonomía peor valorada por su gestión de la dependencia, con una nota de 1,3 sobre 10 puntos, situándose la media española en un suspenso (4,6).
