Fiscalía se pronuncia sobre los casos revelados por las auditorías urbanística y de contratación

El pasado mes de marzo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segorbe puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Castellón los resultados de las auditorías de urbanismo y contratación realizadas en el municipio, correspondientes a la anterior legislatura, "en un ejercicio de responsabilidad, para disipar las dudas generadas alrededor de dos temas que debían ser aclarados por el bien de la ciudad", afirman desde el consistorio.

Tras la incoación de diligencias de investigación por ambos asuntos, la Fiscalía ha resuelto que, dado que las irregularidades administrativas no son de competencia de la jurisdicción penal, no les corresponde "determinar si el procedimiento elegido era el pertinente o si, siéndolo, se ha seguido la normativa vigente". Por tanto, no habiendo responsabilidad penal, se archiva e indica que se puede "reiterar la denuncia ante el Juzgado de Instrucción competente".

Según afirman desde el equipo de gobierno municipal, "las auditorias pusieron de manifiesto irregularidades en diferentes procedimientos y consideramos que era nuestra obligación ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Nos alegra que no se cometieran delitos penales, aunque los autos de Fiscalía corroboran las posibles ilegalidades administrativas que ya advertían las auditorías".

En cuanto a los temas que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía fueron, entre otros, las dos ampliaciones del contrato de suministro de agua potable realizadas en anteriores legislaturas, que suman un total de 25 años de concesión. A este respecto, tanto el auto del Fiscal como la auditoría citan que debió "someterse a una nueva licitación", por la "ilegalidad" de dicho procedimiento. Por otro lado, se detectó la solicitud de 1.000.000€ a la empresa concesionaria del servicio, sin haberse encontrado determinados documentos necesarios que justificasen la ampliación y el anticipo. Según la auditoría de contratación, esto generó un aumento del 40% del precio del agua por usuario en la localidad.

Por otro lado, en la auditoría urbanística se advirtió la falta de suficiente información para justificar los gastos de un convenio para conectar la subestación eléctrica de Villatorcas con la localidad de Segorbe. Este convenio tuvo un importe de 1.388.058,32€, "careciendo de documentación que justificase dicha inversión y prescindiendo de todo procedimiento de licitación". Además, no se correspondían las cantidades pagadas con las justificadas en poder del Ayuntamiento de Segorbe. Según el auto, "pese a no contar con Certificado final de Obra, nadie cuestiona la realidad de las obras, ciñendo la controversia en lo que al precio se refiere. Al respecto, consta según informe de auditoría un reconocimiento de deuda aprobado sin sesión plenaria en 2011 y que supera el derivado del convenio".