El sector del juego de la Comunitat recurre a la justicia para modificar la norma que dificulta su despliegue económico
SOS Hostelería ha presentado un recurso ante el TSJCV contra las limitaciones que suponen la prohibición de explotación de máquinas de juego en hostelería
Los hosteleros valencianos han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCV contra el Decreto 97/2021, de 16 de julio, del Consell, de modificación de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana.
Con este recurso, SOS Hostelería pretende que el tribunal suspenda la aplicación de los artículos 5, 6 y 9 de este Decreto, que establece una serie de limitaciones que suponen, en opinión de los hosteleros, “una prohibición a la explotación de máquinas tipo B en establecimientos de hostelería y similares”.
En opinión del abogado de SOS Hostelería, Santiago Moreno, el nuevo decreto del Gobierno “conculca los principios constitucionales de Seguridad Jurídica, Confianza Legítima e Interdicción de la Arbitrariedad, expresamente reconocidos en el artículo 9.3 CE, así como el principio de Igualdad (artículo 14 CE) y el de Libertad de Empresa (artículo 38 CE). Moreno denuncia que “los artículos cuestionados establecen una serie de limitaciones que suponen una prohibición encubierta de dos concretas actividades empresariales: la explotación de salones de juego y la operación de máquinas de tipo B en establecimientos de hostelería y similares, vulnerándose, entre otros, el derecho a la Libertad de Empresa, consagrado en el artículo 38 CE”.
En este sentido, Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería, recuerda que en diciembre de 2020 pidió poder mantener una reunión con el consejero de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, que “ni siquiera contestó nuestra carta”. Los hosteleros lamentan la “ausencia de diálogo del ejecutivo regional” y han avanzado que, vía el recurso interpuesto contra el Decreto 97/2021, podrían llegar incluso al Tribunal Constitucional en defensa de sus derechos. “Las máquinas tipo B de los bares nos proporcionan unos pequeños ingresos que hoy nos permiten pagar parte de los alquileres o de las cuotas a la Seguridad Social. No podemos prescindir de ellas”, ha señalado Molina.
Molina, como presidente de los hosteleros valencianos, recuerda que las restricciones impuestas en los últimos meses en el sector de la hostelería y el ocio nocturno por parte del ejecutivo regional han provocado que muchas empresas hayan tenido que recurrir a concursos de acreedores o directamente al cierre. Así, los concursos de acreedores en la Comunidad Valenciana se han incrementado en un 492,9% respecto a mayo de 2020, y un 30% de los negocios no ha vuelto a abrir después de su obligado cierre por culpa de la pandemia.
A pesar de ello, Molina considera que el sector puede salir adelante si las distintas administraciones “ponen de su parte, en lugar de poner palos en las ruedas”. En este sentido, el presidente de SOS Hostelería considera que tanto la Generalitat como los ayuntamientos deben paralizar cualquier normativa o actuación que suponga un freno al desarrollo económico del sector, sobre todo, recuerda, “porque las mayores restricciones de los últimos meses los ha sufrido la hostelería”.
El presidente de los hosteleros valencianos se ha referido también a una medida adoptada por el Ayuntamiento de Valencia y que, en su opinión, supone una nueva “vuelta de tuerca” contra el sector. Molina considera que Valencia debería mantener abiertas las terrazas que se ampliaron para compensar los meses de cierre, “al menos hasta enero. Debemos poder aprovechar el puente de la Constitución y las Navidades para intentar reponernos de las millonarias pérdidas de estos meses. Es un despropósito que el Ayuntamiento de Valencia quiera cerrarlas el 12 de octubre” ha señalado.
