El sector inmobiliario de la Comunitat en jaque ante la crisis del coronavirus

La mayoría de las inmobiliarias de la Comunitat Valenciana descarta realizar despidos permanentes o cierres definitivos de negocio durante las próximas tres semanas de vigencia de las medidas contempladas en el decreto de declaración de Estado de Alarma como consecuencia de la expansión del COVID-19.

Sin embargo, la práctica totalidad de ellas cree que la crisis hace inviable el desarrollo de su actividad, por lo que reclama al Gobierno de España su inclusión explícita en el decreto, cuyas medidas considera insuficientes. Son las principales conclusiones de la encuesta realizada ayer entre sus asociados por ASICVAL, la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, sobre el impacto de la crisis del coronavirus en el sector.

El 97,5% de las empresas consultadas ha optado por el teletrabajo de sus empleados además de por el decretado cierre al público, pero considera que dicho modelo es incompatible con la generación de ingresos y, por tanto, no resulta viable para el mantenimiento de la actividad. Ello es consecuencia tanto de la anulación de las visitas comerciales a inmuebles como de la suspensión mayoritaria de las firmas en notaría por parte de los clientes o de los propios fedatarios públicos al considerarlas no urgentes. De hecho, de acuerdo con los resultados del estudio, el 53,1% de las agencias de intermediación inmobiliaria ha tenido que afrontar la cancelación de todas las firmas programadas; el 23,5%, más del 80% de ellas; el 1,2%, más del 60%; el 3,7%, más del 40%; el 6,2%, más del 20%; el 2,5%, alguna; y solo el 9,9%, ninguna.

Frente a ello, el 55,6% de las agencias se plantea suspender los contratos de empleados mediante expedientes temporales de regulación de empleo durante las tres semanas restantes de vigencia del decreto de Estado de Alarma; el 16%, la realización de despidos puntuales; el 9,9%, alcanzar acuerdos de reducción de jornada; el 8,6%, alcanzar acuerdos de adelanto de vacaciones; y solo el 3,7%, realizar despidos permanentes de manera colectiva mediante expedientes de regulación de empleo. El 25,9% considera que puede superar las próximas tres semanas sin practicar ninguna medida y solo el 2,5% se plantea el cierre definitivo de su negocio.

Respecto a las medidas decretadas por el Gobierno para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el 61,7% de los encuestados las considera adecuadas pero insuficientes; frente al 33,3% que las considera inadecuadas e insuficientes; y el 4,9% que las considera adecuadas y suficientes. Además de la ya decretada posibilidad de aplazar sin intereses el pago de las retenciones del IRPF y de las cuotas repercutidas de IVA, el 82,7% de los participantes en el estudio reclama la inclusión expresa de las inmobiliarias en el listado de negocios obligados a cesar temporalmente su actividad; el 80,2%, la exoneración generalizada a autónomos, también a los administradores de sociedades, del pago de la cuota a la Seguridad Social; y el 76,5%, la exoneración generalizada a empresas que prestan servicios no esenciales del pago de las cotizaciones sociales de sus empleados.