Salvador exige al Gobierno central impulsar el Fondo Social de Vivienda
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha instado al Gobierno central a impulsar el Convenio sobre el Fondo Social de Viviendas y a adoptar las medidas necesarias para que las entidades financieras con impagos a las comunidades de propietarios cumplan sus obligaciones.
A través de senda cartas dirigidas a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la consellera exige al gobierno central a impulsar de manera efectiva el convenio sobre el Fondo Social de Viviendas para familias en dificultades, suscrito en 2013 entre la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el tercer sector bajo la tutela del gobierno estatal, que pretendía dotarse con 6.000 hogares en todo el estado español y facilitar el acceso a alquileres de bajo precio a familias con dificultades, como se recoge en la Moción 4/IX sobre la adopción de medidas para evitar los desahucios, aprobada por unanimidad por Les Corts.
En estas cartas, la consellera valora el Fondo Social de Viviendas como "un instrumento que puede paliar la grave situación en que se encuentran muchas personas y familias". Asimismo recuerda que el Real Decreto-ley 27/2012 de 15 de noviembre, "encomendó al Gobierno, promover con el sector financiero la creación de un Fondo Social de Viviendas con el objetivo de proporcionar una vivienda en condiciones favorables de alquiler a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de sus vivienda habitual y en las que concurrieran determinadas circunstancias".
Obligar a los bancos a pagar las comunidades de vecinos
Por otra lado, en otra carta dirigida a la ministra de Fomento, la consellera de Vivienda insta al Gobierno, según la resolución aprobada por Les Corts, a adoptar las medidas necesarias para que los bancos con deudas a las comunidades de vecinos cumplan las obligaciones tal y como estipula la Ley de Propiedad Horizontal.
Del mismo modo, la consellera insta al ejecutivo a "articular un plan de atención a las situaciones de necesidad que se producen en las comunidades de vecinos cuando las deudas de alguna entidad financiera impida la realización de las obligaciones que impone la Ley de Propiedad Horizontal, facilitarles asesoramiento jurídico y evitar los perjuicios o gravámenes para el desarrollo de acciones legales que correspondan a la comunidad".
Asimismo insta al Gobierno central a "impulsar y adoptar las reformas legislativas oportunas en la Ley de Propiedad Horizontal para que se responda de los impagos de las cuotas por parte de los morosos en los últimos cinco años y para que, en consecuencia, las entidades bancarias al adjudicarse las viviendas asuman la deuda acumulada con las comunidades de propietarios, respondiendo a los impagos de los últimos cinco años".
En esta carta, María José Salvador denuncia que el "impago de las cuotas de comunidades por parte de las entidades financieras es una situación preocupante por sus implicaciones sociales".
