Salvador: "Las entidades que han recibido rescate público deben asumir una responsabilidad social para frenar los desahucios"
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador Rubert, ha asistido a la segunda reunión de la Mesa de Prevención de Desahucios de la que forman parte entidades sociales, financieras e instituciones. Hay que recordar que, por primera vez, el gobierno valenciano ha conseguido que se sienten en una misma mesa todas estas entidades para intentar trabajar en un protocolo de actuación para evitar desahucios. El nuevo Consell "no quiere dar la espalda a este drama social y, por primera vez, ha tomado la iniciativa para coordinar la actuación en este sentido".
En su intervención Salvador ha informado que se ha convocado la mesa en un marco de emergencia. "Somos la segunda autonomía en desahucios y, por tanto, esta Conselleria asume dar un paso al frente en busca de medidas de urgencia para hacer frente a los desahucios, en un marco de voluntariedad hasta la aprobación de la Ley por la Función Social de la Vivienda en Les Corts".
La conselleria solicitó, hace unas semanas a las entidades financieras que acudieron a la reunión, tres medidas mínimas de trabajo para combatir los desahucios. En primer lugar, un interlocultor con la Generalitat Valenciana por cada entidad financiera para hacer seguimiento de los desahucios y los procesos de ejecución hipotecaria. En segundo lugar, la posibilidad de conveniar para que pongan a disposición las viviendas vacías en alquiler social y, en tercer lugar, una moratoria para que no haya desahucios de primera vivienda hasta que se apruebe la Ley para la Función Social de la Vivienda.
En este sentido, la Consellera ha indicado que en esta Mesa han sido tres entidades bancarias las que han firmado este acuerdo: Cajamar, Caixa Ontinyent y Caixa Popular. También ha habido entidades que no han querido firmar este acuerdo como son Ibercaja, UCI y Kutxabanc y se les ha dado un plazo hasta el próximo viernes a cuatro entidades que están abiertas a la posible firma, como son Bankinter, Banco Sabadell, La Caixa y Bankia
71.377 millones de rescate público a los bancos
La consellera ha recordado que de las entidades convocadas algunas han sido rescatadas con dinero público entre las que se encuentra Bankia, las entidades que aglutina el BBVA, las entidades del Banco Sabadell, Banco de Valencia e Ibercaja que acumulan un rescate público de 71.377 millones de euros. Ante esto, ha señalado que "entendemos que estas entidades financieras que han sido objeto de rescate público deben asumir una responsabilidad social en la Comunitat Valenciana y colaborar en esa responsabilidad social para revertir ese rescate público en el rescate de personas".
"Consideramos fundamental - ha dicho la consellera - que firmen este acuerdo de mínimos y apliquen esta moratoria que no es indefinida en el tiempo sino hasta la aprobación de ley que ya establecerá mecanismos de regulación". En este sentido, ha destacado positivamente el caso de las tres entidades que han firmado hoy el acuerdo y se comprometen a aplicar esta moratoria y ha lamentado las tres que han dicho que no y "esperamos que las cuatro que le hemos dado un plazo hasta el viernes firmen el acuerdo porque estamos en una situación de emergencia para poder continuar trabajando en la Mesa por la Prevención de Desahucios " .
La Mesa por la Prevención de los Desahucios se reunió por primera vez el 29 de septiembre, con el objetivo de establecer un marco de diálogo, colaboración y búsqueda de soluciones efectivas en las situaciones como consecuencia del sobre-endeudamiento de personas y familias con dificultades para hacer frente a los pagos de la hipoteca de su vivienda habitual. De esta manera, los más de 40 representantes de diferentes entidades trabajan de forma coordinada para evitar los desahucios mediante la búsqueda de fórmulas propuestas por todas las partes implicadas.
Foman parte de la Mesa por la Prevención de los Desahucios entidades sociales la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del País Valencià (PAH), la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y Amnistía Internacional. De agrupaciones profesionales, el Colegio de Abogados, el Colegio de Registradores, el Colegio de de Administradores de Fincas, el Colegio de Notarios y el Colegio de Agentes de la Propiedad.
De igual manera, han sido convocados las organizaciones sindicales, CCOO, UGT e Intersindical, así como las entidades financieras Bankia, Caixabank, Banco Sabadell, BBVA, Banco Santander, Ibercaja, Caixa Popular, Cajamar, Caixa Rural, Kutxabank y UCI. Además, también han sido convocados los representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
