Salvador destaca que las medidas de impulso del Consell han conseguido una ocupación del 70% de las viviendas protegidas en alquiler
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha hecho hoy balance de las medidas puestas en marcha por el Consell para impulsar el acceso a las viviendas protegidas de la Generalitat en la Comunitat. En este sentido, ha explicado que gracias a estas acciones "se ha conseguido una ocupación del 70% de viviendas protegidas en alquiler, con 747 viviendas alquiladas, al lograr alquilar más de 150 que había vacías al inicio de la legislatura. Además, también se han movilizado las viviendas que estaban a la venta, al vender 142 de 373 que no estaban habitadas, lo que representa un 38% de las viviendas vacías en julio de 2015".
Salvador, que ha estado acompañada por la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, y la directora general de EIGE, Helena Beunza, ha explicado que al inicio de la legislatura "nos encontramos que la falta de una política en materia de vivienda y, sobre todo de planificación, había dejado promociones de vivienda vacías. Ahora con las medidas que hemos impulsado en estos dos años hemos dado un giro a la situación y vamos por buen camino porque nuestro objetivo es facilitar el acceso y garantizar el derecho a la vivienda".
Salvador ha comentado que además de la gestión del parque público de viviendas para aquellas familias con más dificultades económicas, la Conselleria también debe atender a otros segmentos de la población que tienen dificultades para acceder a una vivienda, pero que no se encuentran en situaciones tan precarias como los residentes de las viviendas sociales.
Sin embargo, la inactividad de los últimos años provocó que un alto porcentaje de estas VPO propiedad de EIGE estuvieran vacías. De las 1.442 viviendas gestionadas en la Comunitat, en julio de 2015, 373 estaban en venta y 1.069 en alquiler, estas últimas con una desocupación del 45%. "Los motivos eran principalmente la mala ubicación de algunas promociones, alejadas del casco urbano, y unos precios inaccesibles para las personas a las que iban destinadas porque se realizaron en un marco de una política dedicada a la especulación".
Ante esta situación, el Consell adoptó una serie de medidas que han propiciado la ocupación gradual de las viviendas protegidas en estos dos últimos años, entre las que se encuentran el Plan para la Ocupación de Viviendas en venta que incluye dos acciones: la adaptación de los precios de las viviendas al mercado y la modificación del régimen de uso que ha sido fundamental para impulsar la ocupación, ya que viviendas que antes solo se ofrecían en venta, ahora también se ofrecen en alquiler con opción a compra. En este sentido, ha destacado el caso de Orihuela donde se han vendido 59 viviendas de las 63 existentes.
Respecto a las viviendas en alquiler de la Generalitat, se creó el 'Plan de Alquiler Asequible', donde se adaptaron los precios a las condiciones del mercado, se prorrogó la bajada de precios de un 15% y se adecuó y redujo las rentas de los alquileres teniendo en cuenta las circunstancias económicas de cada familia. Además, también se ha puesto en marcha el 'Plan de Impulso de la Vivienda Protegida de la Generalitat' para establecer una constante colaboración con los ayuntamientos y así poder divulgar información de las viviendas, buscar posibles compradores o inquilinos, gestionar visitas de las personas interesadas y recoger solicitudes.
Criterios sociales
Sin embargo, Salvador ha asegurado que este impulso de la vivienda protegida de la Generalitat realizado durante estos dos años "no se queda ahí y sigue avanzando", tal y como marca la recién aprobada Ley por la Función Social de la Vivienda. En ese sentido, ha explicado que ya se han aprobado los criterios sociales a la hora de adjudicar estas viviendas, tal y como marca la nueva ley. "Este compromiso adquirido en el Seminari de Govern que celebramos en Sagunt, ya es una realidad y ya se establecen criterios sociales para priorizar a determinados colectivos".
Esta resolución establece que para acceder a una VPO, además de cumplir los requisitos establecidos, se priorizará a determinados colectivos como los casos de violencia de género, personas afectadas por un desahucio, con una discapacidad igual o superior al 65%, aquellos que tengan menores a su cargo, los que residan en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables o que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad familiar o jóvenes de menores de 35 años. Además, la Generalitat reservará el 3% de les viviendas protegidas disponibles para hacer frente a situaciones de especial emergencia.
Alegaciones al Plan Estatal de Vivienda
Por otra parte, la consellera ha afirmado que el trabajo para garantizar el derecho a la vivienda "no sólo debe hacerse desde la Administración autonómica, sino también desde el Gobierno central". Por eso ha pedido al Ministerio que no recurra la Ley por la Función Social de la Vivienda, "que nos dejen legislar a aquellas autonomías que hemos dado el paso y trabajen en una verdadera Ley de Segunda Oportunidad", ha indicado Salvador.
Además, ha anunciado que el Gobierno valenciano ya ha presentado alegaciones ante el Plan Estatal de Vivienda que ha presentado el Ministerio de Fomento porque "consideramos que el programa de ayudas a jóvenes para adquirir una vivienda ha de priorizar las viviendas protegidas frente a las de renta libre, porque creemos que es la principal medida para combatir la especulación", ha concluido.
