Salvador destaca la apuesta de la Generalitat por 'recuperar y potenciar' los objetivos sociales de la empresa pública de vivienda de la Comunitat
La consellera consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha destacado la apuesta del Consell por "recuperar y potenciar" los objetivos sociales de la empresa pública de vivienda de la Comunitat, actualmente denominada Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), porque, según ha lamentado, "durante estos 20 años los anteriores gobiernos han intentado desvirtuar sus fines".
Así lo ha manifestado durante su intervención en la jornada 'Gestión pública de la vivienda y de los servicios en la Comunitat Valenciana', celebrada en València y que ha sido organizada por la Sección valenciana de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), en colaboración con la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (Aumsa) y Divalterra.
En mayo de 2017 nacía la Sección de la Comunitat Valenciana de AVS, presidida por la directora general de EIGE, Helena Beunza. Salvador ha destacado la necesidad de este tipo de asociaciones para impulsar la gestión de todo aquello que afecta al urbanismo sostenible y las viviendas protegidas. "Son un instrumento útil que permite poner en común las buenas prácticas de gestión pública de otras comunidades autónomas con unas trayectorias muy distintas en este tipo de empresas", ha indicado.
La sección valenciana de AVS está integrada por las siguientes entidades: Aumsa-Valencia, Egusa-Alboraya, EIGE, Nemasa-Mislata, Nous Espais Torrent, Patronato Municipal de Vivienda de Alicante, Personas y Ciudad de Alacant, Emudesa-Elda, Divalterra-Diputación de Valencia, PIMESA-Elche, Gespa-Paterna y Cemef-Burjassot.
María José Salvador ha explicado que, desde el inicio de la legislatura, para el Consell, la vivienda ha sido una prioridad. De ahí la puesta en marcha de un marco legislativo que garantizara este derecho, ya que los anteriores gobiernos autonómicos "trataban la vivienda como un bien de lujo" y la empresa pública competente, el antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), "trabajaba con unos planteamientos muy alejados de lo que debía ser".
Salvador ha asegurado que, durante estos dos años, se está intentando revertir una situación que se arrastraba desde hace 20 años dando pasos fundamentales como la aprobación en Les Corts de la Ley por la Función Social de la Vivienda. La consellera ha asegurado que el "quinto pilar del estado del bienestar debe ser la vivienda, después de las pensiones, la educación, la sanidad o la dependencia". Sin embargo, ha lamentado el intento del Gobierno central de "atacar los derechos de los valencianos al recurrir esta ley autonómica ante el Tribunal Constitucional".
La consellera ha afirmado que el Consell quiere un nuevo modelo de política de vivienda y esta jornada ayudará a hacerlo sentando unas bases más firmes. Y para ello, ha recordado que "contamos con una entidad pública instrumental: EIGE, que a partir de 2018, se verá sometida a muchos cambios, incluido el de nomenclatura, para centrar su objeto social en la actuación en materia de vivienda dentro del marco de una gestión urbanística regida por los principios de eficacia, eficiencia, equidad y justicia social". Todo ello, con el fin de que la Comunitat "tenga una verdadera empresa pública de vivienda y suelo".
Panorama desolador
Salvador ha recordado que al acceder al Consell, se encontraron con unas 700 viviendas públicas vacías y en situación de inhabitabilidad y más de 1.000 VPO construidas en pleno 'boom' inmobiliario, en ubicaciones y con unos precios que no cumplían con los objetivos para los que fueron creadas.
Ante este panorama, la consellera ha explicado que se adoptaron rápidamente medidas muy importantes: "Impulsamos un Plan de Dignificación de las viviendas protegidas adaptando los precios al mercado y a los ingresos de los usuarios; iniciamos un proceso de regularización de ocupas del parque público de viviendas y se han creado criterios sociales para facilitar el acceso a las viviendas".
Asimismo ha anunciado que la Generalitat está en fase de ampliación del parque público de viviendas, tal y como reflejan los presupuestos de 2018 con una inversión de 10 millones de euros y otros 2,6 millones para reconvertir VPO en viviendas sociales. Además, ha asegurado que en 2017 se va a destinar "una cifra histórica", 18,2 millones de euros a ayudas al alquiler, que beneficiarán a más de 13.000 familias.
Participantes en la jornada
En la apertura de la jornada han participado la presidenta de la sección Comunitat Valenciana de AVS y directora general de EIGE, Helena Beunza; el concejal del Área de Desarrollo Urbano y Vivienda de València, Vicent Sarrià, y la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó.
Además, destaca la participación del catedrático de Derecho Administrativo y ex subsecretario del Ministerio de Vivienda, Marcos Vaquer, en una intervención en la que ha analizado la política de vivienda en España en los últimos años.
A continuación, en la mesa redonda 'Gestión pública de la vivienda', moderada por Helena Beunza, han intervenido el catedrático de Derecho Administrativo y director de la Cátedra Zaragoza Vivienda, Julio Tejedor; el arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia Luis Casado; y el abogado especializado en urbanismo Vicente García Nebot.
Por la tarde, en la mesa redonda 'La gestión pública de los servicios tras la reciente legislación' (Ley de Contratos del Sector Público, Estabilidad Presupuestaria, transparencia) intervienen el catedrático de Derecho Administrativo José María Baño; el doctor en Economía y asesor de AVS Juan Manuel Pérez Mira; y el magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil, Francisco Javier Orduña.
