El pleno municipal de Sagunto insta al Gobierno a revisar la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual

El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprobó el pasado jueves, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de enero, instar al Gobierno de España a la inmediata revisión, por la vía de urgencia, de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre y, para que quienes comentan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación.

La moción fue presentada por el Partido Popular y defendida por su portavoz, Sergio Muniesa, y fue aprobada por los grupos PSPV-PSOE, Compromís, EUPV, Iniciativa Porteña, Partido Popular, Ciudadanos y el Concejal no adscrito y con la abstención de VOX.

Asimismo, también se ha acordado dar traslado de este acuerdo a Presidencia del Gobierno, a los ministerios de Justicia y de Igualdad y a la Mesa del Congreso y del Senado.

En el texto de la moción se explica que en el mes de septiembre del año pasado entró en vigor la nueva ley de garantía integral de la libertad sexual. En esta ley se introduce «una sustancial modificación en la calificación de los delitos contra la libertad sexual, que pasan a ser todos considerados agresión sexual, cuando con anterioridad se dividían, en función de su gravedad, en abusos sexuales o agresiones sexuales».

Según se indica: «Hasta el 20 de enero de 2023, habían sido más de 200 condenados los que se han visto beneficiados entre revisiones de condenas a la baja y sentencias posteriores a la norma. Y 18 personas habían sido excarceladas». Y se destaca en la parte argumentativa que: «Las revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales, la rebaja en las penas de prisión e incluso órdenes de excarcelación está provocando una importante alarma social entre la población. Incluso la ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, en una entrevista admitió “la alarma social y la preocupación” existente tras la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual. El ministerio de Igualdad prefirió seguir elogiando la ley, que consideran magnífica, en palabras de la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. Mientras que la ministra María Jesús Montero anunció el 15 de noviembre, contradiciendo a las responsables del ministerio autor de la ley, que están dispuestos a revisar el texto para impedir evitar que los condenados de carácter sexual vean reducidas sus penas».

Sigue la argumentación recordando que: «El Partido Popular solicitó en el Pleno del Congreso de los Diputados que el Gobierno de la Nación procediese a la revisión y rectificación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual para evitar la reducción de penas que se están aplicando a violadores. Esta iniciativa fue rechazada por PSOE, Podemos y por otros partidos como ERC, PNV y EH Bildu. Por otra parte, solicitamos al Gobierno de España de PSOE y Podemos que deje de insultar a los jueces que solo aplican esta Ley, así como que respeten la independencia judicial y la separación de poderes».