La delegada de Presidencia pide a Conselleria que “tenga en cuenta las cuestiones de legalidad en la resolución de la montaña de Romeu”
El Ayuntamiento de Sagunto ha recibido el borrador de resolución del expediente de ocupación de 33 hectáreas del monte público Nº 131 propiedad municipal conocido como montaña de Romeu (Bonilles y otros) para la explotación y posterior restauración de la cantera de áridos "Salt del Llop" por parte de la mercantil Lafarge Cementos S.A.U. Dicho borrador autoriza la ocupación y por tanto la actividad extractiva durante un plazo de vigencia de 24 años y 11 meses (hasta el año 2042), contados a partir del 1 de enero de 2018, es decir, 14 años más del plazo máximo acordado por el ayuntamiento en el pleno del 17 de enero de 2017, que lo fijó hasta el año 2028. De este borrador de resolución de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental y del plazo para hacer alegaciones se ha dado información a los grupos políticos en la comisión especial sobre la montaña de Romeu que se ha reunido esta mañana.
El ayuntamiento tiene un plazo de 15 días, desde la recepción del oficio para manifestar formalmente su conformidad o discrepancia y por ello se llevará al pleno previsiblemente el 23 de junio para su debate y votación, según ha avanzado, la concejala delegada de Presidencia y Medio Ambiente, Teresa García, una propuesta de dictamen desfavorable al entender que hay 12 argumentos desfavorables en contra del pliego que regirá la ocupación del monte público. De estos, cinco son considerados como cuestiones de estricta legalidad que han sido obviadas e ignoradas por el órgano autonómico que tiene la competencia de decidir la autorización. Sobre todo, se hace hincapié en lo que se considera una consolidación material de una infracción urbanística, ya que la delimitación de 33 hectáreas "supondrán la ratificación autonómica material, por medio de actuaciones administrativas delimitadoras de una infracción urbanística sobre suelo no urbanizable protegido donde el uso extractivo no está tolerado por el Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto".
Otra de las cuestiones legales en que la propuesta incide son los indicios de vulneración grave de la concesión demanial para la explotación de la cantera otorgada en 1988, declarado como un incumplimiento muy grave por el pleno el 30 de mayo de este año.
En este sentido, la concejala delegada de Medio Ambiente y Presidencia, Teresa García, ha declarado que: "la Conselleria está adoleciendo durante todo el proceso de tramitación de este expediente de una dejadez que al final está encubriendo dos irregularidades que son muy graves y siendo Conselleria la garante del medio ambiente. Esas irregularidades son la destrucción de una montaña pública protegida y el abuso de una multinacional al respecto del contrato que tenía con el ayuntamiento en relación a la extracción de la piedra en esa zona. Lo que Conselleria no puede hacer es mirar a otra parte. Nosotros desde el minuto 1 estamos diciendo que hay esas consideraciones de ilegalidad y en ningún momento ha entrado a hacer referencia a las mismas. De hecho tomar una decisión que no considere esas dos irregularidades es encubrirlas y la cCnselleria no puede ser encubridora de los abusos de una multinacional al respecto de la explotación de un bien público protegido cómo es la montaña pública".
Por esos motivos, García exige a la Conselleria de Medio Ambiente que actúe en defensa de los intereses públicos como está haciendo el Ayuntamiento de Sagunto. "Tenemos la obligación de en aquellos lugares donde los recursos ambientales se hayan visto agredidos de la manera que sea retornarlos a su estado original. La conselleria está dejando de ejercer sus funciones. No entendemos por qué está dejando desasistida a una administración que sí que está haciendo el trabajo, técnico y jurídico de una manera ejemplar, cuando es una competencia suya. Nosotros en este caso lo que hacemos es informar de lo que hay, pero la que decide lo que hay es la propia conselleria. Lo que no puede hacer en ese caso es obviarlas y si lo hace que sea consecuente con lo que hace de cara a los tribunales. Estamos hablando de que estas irregularidades pueden desembocar en un delito ecológico y en una prevaricación. Y son delitos muy graves como para que la conselleria lo considere a la hora de ejercer sus competencias y adoptar las resoluciones que correspondan".
Para finalizar, y en clave política, la delegada ha afirmado que: "Los tiempos en que la Conselleria de Medio Ambiente actúe como si todavía estuviera el PP y la señora Bonig, y los resultados de la gestión de la señora Bonig caen todos en los tribunales tal y como Compromís per Sagunt y las entidades cívicas de este municipio han podido demostrar, han pasado.
Si efectivamente ha habido un cambio de gobierno y se está trabajando para dignificar las instituciones a nivel de la Generalitat Valenciana, la conselleria no puede obviar dos requerimientos que son de legalidad, estamos hablando de legalidad, no de oportunidad política. De cumplir la legalidad y de tener cuidado de los recursos ambientales que hay en nuestro país y en nuestro municipio".
