El supremo obliga a 250 empleados de Riba-Roja a devolver la subida de sus salarios en 2011 por ser ilegal
El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Supremo en la que se anula el incremento salarial que el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, aprobó en junio de 2010 a cerca del 70% de los trabajadores municipales, alrededor de 250 de los 370 en total, al saltarse el límite del 0'3% fijado por el Ministerio de Hacienda contenido en la ley de estabilidad presupuestaria. El fallo obliga, además, a los afectados a devolver el dinero correspondiente a los citados incrementos.
La decisión del alto tribunal ratifica la que en su día dictó el Tribunal Superior de Justicia valenciano -en junio de 2013- en la que se admitía el recurso del Abogado del Estado, a instancias de la Delegación del Gobierno, al considerar que el aumento del 3'2% aprobado por el Ayuntamiento de Riba-roja incumplía la legalidad ya que estaba muy por encima del 0'3% fijado por el Gobierno central.
Los hechos motivo del fallo judicial se remontan a junio de 2010 cuando el entonces alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, y su equipo de gobierno del Partido Popular aprobaron un aumento del 3'2% al personal funcionario y laboral del consistorio a pesar de que la ley del Ministerio de Hacienda limitaba estos aumentos al 0'3% para evitar desajustes presupuestarios. Los incrementos salariales entraron en vigor, precisamente, en el ejercicio siguiente de 2011, coincidiendo con las elecciones municipales de ese año.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha denunciado que esta sentencia "ha permanecido escondida más de medio año en el cajón del alcalde, con la complicidad de su gobierno en el que se incluye a la candidata María José Ruiz, para evitar precisamente un desgaste electoral al margen de que ha incumplido su obligación de dar cuenta al pleno y, por tanto, no se ha ejecutado en todos sus términos y podría haber incurrido en posibles responsabilidades penales". El Tribunal Supremo dictó sentencia el 23 de octubre de 2014 y la notificó al ayuntamiento el 20 de noviembre del mismo año.
Sin embargo, el fallo del alto tribunal no se ha llegado a comunicar nunca al pleno municipal ya que había sido éste, precisamente, el que había aprobado con carácter definitivo el incremento retributivo en junio de 2010 y, por tanto, es en esta instancia administrativa donde se debía dar cuenta. Ha sido ahora, con la entrada del nuevo gobierno local, cuando se ha descubierto la sentencia del Supremo.
El concejal de personal de Riba-roja de Túria, José Luis López, ha subrayado que el fallo judicial "lo comunicamos ahora al pleno como es nuestra obligación legal como no podía ser de otra forma y a partir de ahora negociaremos con los propios trabajadores afectados de todos los aspectos contenidos en la sentencia, además de que acordaremos con ellos de que la ejecución de la misma sea lo menos lesiva para ellos pero defendido siempre los intereses del propio ayuntamiento ya que no hay que perder de vista que la subida salarial buscaba un claro rédito electoral".
Por último, el gobierno de Riba-roja recuerda que la legislación actual contempla los supuestos aquellos en los que una administración pública no cumple con su deber de ejecutar una sentencia de una instancia judicial hasta el punto que el artículo 104 de la ley contencioso-administrativo establece que transcurridos dos meses desde la comunicación de la sentencia "cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa".
Asimismo, el artículo 112 añade que el tribunal puede adoptar las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, además de que el propio secretario judicial "podrá imponer multas coercitivas desde 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o de la sala así como reiterar las multas hasta la completa ejecución".
