Riba-Roja cifra en 42 millones de euros el "riesgo financiero" por conflictos urbanísticos y demandas judiciales pendientes
Un informe municipal del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria alerta de un "riesgo financiero" de 42 millones de euros que afrontan las arcas municipales a medio plazo por los conflictos urbanísticos y las demandas judiciales por parte de particulares y empresas en contra del consistorio. Los litigios jurídicos que mantiene actualmente el consistorio se remontan al año 2011, bajo gobierno del Partido Popular.
El global de estas demandas y reclamaciones procede, principalmente, del área urbanística e inmobiliaria y está relacionada con los años de la "burbuja económica" desarrollada por el anterior gobierno del Partido Popular, encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, por su decisión de poner en marcha más de diez programa de actuación y que, finalmente, no se han llevado a cabo.
El programa de actuación urbanístico (PAI) de Porxinos, donde el Valencia planea la construcción de 2.000 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva es el proyecto que concentra buena parte del montante económico global que afronta el ayuntamiento con un total de 25 millones de euros. Esta PAI está a expensas de que la conselleria de Medio Ambiente se pronuncie sobre la segunda propuesta presentada por Litoral del Este -mercantil creada por el Valencia- después de que la primera de ellas fuese tumbada por una sentencia contraria del Tribunal Supremo.
La segunda mayor reclamación económica asciende a 6'7 millones de euros que una familia de la localidad interpuso a raíz de unas expropiaciones que se remontan hasta el año 1967 y que se ha prolongado por la negativa del anterior gobierno a negociar con sus propietarios hasta llegar a un acuerdo de indemnización. Sin embargo, los dueños de la parcela, destinada inicialmente para un parque en Montealcedo, elevaron a la justicia el enfrentamiento con el consistorio. De momento, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha obligado al pago de 879.000 euros como medida cautelar antes de pronunciarse sobre la petición de 6'7 millones.
La ocupación unos terrenos en el Barranc de les Monges valorada en 2'2 millones más otros 500.000 euros como intereses ocupa el siguiente puesto en la lista de posibles indemnizaciones que deberá afrontar el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a medio plazo. El origen del conflicto se remonta al año 2005 cuando el ayuntamiento se comprometió a permutar estos terrenos privados por otros en la zona del Calvari que, finalmente, nunca se llegó a ejecutar.
Sin embargo, estas cantidades se añaden a otras muchas como los 2'2 millones que exige el propietario de una fábrica que se incendió en un polígono industrial de Riba-roja por el fuego causado por una empresa anexa que carecía de la pertinente licencia de actividades al considerar al ayuntamiento como "responsable civil subsidiario" de estas graves anomalías administrativa.
Otra indemnización de 2'2 millones de euros a raíz de la falta de ejecución de un programa de actuación integrada (PAI) es la causa de un nuevo problema judicial con una conocida empresa inmobiliaria valenciana por el posible daño y perjuicios causados en el transcurso del proceso administrativo. Una nueva mercantil se añade a la lista con otros 506.000 euros al considerar "contrario a ley la decisión de ayuntamiento de rescindir un contrato por prestación de un servicio municipal".
Las previsiones de desembolso económico se completan con otros 420.000 euros que exige otra mercantil urbanística por diversos litigios administrativos, 1 millón de euros en concepto de costas e intereses financieros en función de los recursos y demandas judiciales, sin olvidar un último grupo que agrupa numerosas reclamaciones jurídicas por parte de pequeños propietarios por ocupación de terrenos y permutas urbanísticas.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado "el horizonte judicial y económico que se avecina para el ayuntamiento a medio plazo en el tiempo derivado por la incapacidad del anterior gobierno de negociar con los distintos propietarios de terrenos antes de llegar a los tribunales donde el perjuicio para las arcas municipales puede ser devastador para su correcto funcionamiento futuro; por ello, deberemos realizar un esfuerzo ímprobo para defender los intereses de nuestros vecinos".
