Riba-Roja aprueba una norma que impide a los concejales utilizar las "puertas giratorias"
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado un reglamento interno en el que se impide a los concejales de la corporación el uso de las denominadas "puertas giratorias" una vez abandonen las tareas derivadas del ejercicio de la política. El plazo fijado para que no hagan uso de estas reprobables prácticas se ha fijado en un máximo de dos años. Esta iniciativa del gobierno local -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- contó con los votos favorables del resto de formaciones políticas en la oposición municipal: Partido Popular, Riba-roja Pot y Ciudadanos.
El texto del código de conductas refrendado por la corporación establece que el ejercicio de responsabilidades ejecutivas en el gobierno local, una vez finalizado el mandato o producido el cese y durante un periodo de dos años "conllevará el cumplimiento de las limitaciones para el ejercicio de actividades privadas establecidas en la legislación reguladora de conflictos de intereses que les sea aplicable".
De esta forma, los concejales del ayuntamiento no podrán ejercer ningún tipo de actividad privada relacionada con las tareas y las áreas que el citado edil haya realizado en el ejercicio de su actividad pública durante los dos años siguientes al cese de sus funciones en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria con el objetivo de "responder a la demanda social de una nueva ética pública de buen gobierno que contribuya a la excelencia y eficiencia de gestión, al fortalecimiento institucional y a la confianza y mejor valoración de la ciudadanía sobre la labor municipal".
El código aprobado por el pleno de Riba-roja incluye un decálogo de principios que abarcan desde el ordenamiento jurídico y el compromiso con la ética pública y la calidad democrática hasta la defensa de los intereses generales con honradez, la objetividad, la imparcialidad, la austeridad y la cercanía al ciudadano. Además, el régimen de funcionamiento engloba medidas de transparencia y la democracia participativa, el trabajo por la inclusión social y el equilibrio territorial en los municipios.
El código de actuación municipal se bifurca en dos vertientes. Por una parte, un férreo compromiso en materia de conflictos de intereses de los concejales respecto de la concesión de ningún tipo de ventaja o discrecionalidad con familiares, la abstención en los órganos de deliberación en situaciones de interés personal directa o indirecta, el rechazo de regalos o ventajas superiores a los usos sociales o la influencia en la agilización de trámites o expedientes administrativos.
Por otra parte, el acuerdo plenario incide en las medidas para el fomento de la democracia participativa, con la redacción de una carta de derechos y deberes ciudadanos, la utilización de encuestas sobre quejas, solicitudes, demandas y todo tipo de trámites de los propios ciudadanos de Riba-roja. Además, se facilitará que los propios vecinos puedan ejercer el derecho a la iniciativa popular en aquellas materias de competencia local.
De todas estas medidas, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ya ha puesto en marcha un portal de la transparencia digital desde el principio de la legislatura que obliga a todos los ediles del gobierno y de la oposición a publicar una declaración exhaustiva sobre todos sus bienes patrimoniales y financieros, además de las declaraciones anuales de la renta. Además, se han aprobado los primeros presupuestos participativos en los que los vecinos han decidido, mediante votación, sus preferencias sobre el destino de los 160.000 euros.
El edil de Participación Ciudadana, Rafael Gómez, ha afirmado que el decálogo ético aprobado por el pleno municipal "es una ambiciosa iniciativa de este equipo de gobierno por dotar al ayuntamiento de todos los instrumentos para que la gestión municipal esté impregnada de amplias dosis de participación, honradez, transparencia e imparcialidad tal y como se merecen nuestros ciudadanos".
