Riba-roja aprueba un código ético para evitar “conflictos de intereses” de los funcionarios en los procesos de contratación pública
La medida se une a las mesas sin políticos y retransmitidas en streaming
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado un código ético en el que incluye cláusulas para garantizar la limpieza en todos los procedimientos de contratación pública y evitar así posibles casos de fraude, favoritismo y para la prevención, detección y solución de forma eficaz los conflictos de intereses que puedan surgir. El objetivo es garantizar la transparencia y la igualdad de trato a todos los licitadores y candidatos en cada procedimiento público.
La medida impulsada por el equipo de gobierno del PSPV ha contado con el respaldo del resto de partidos políticos con representación municipal: Partido Popular, Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida, Podemos y Vox. Este código respeta escrupulosamente la directiva europea vigente que en materia de contratación pública se deriva del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria es pionero en la Comunitat Valenciana en la aprobación de disposiciones, reglamentos y herramientas tecnológicas para evitar suspicacias, problemas o posibles casos de corrupción en los contratos públicos que anualmente se llevan a cabo de los diversos servicios municipales adjudicados a empresas externas al consistorio.
El código aprobado por el pleno de Riba-roja considera que la transparencia municipal “es una herramienta imprescindible en la lucha contra la corrupción” y añade que la existencia de procedimientos claros e iguales para todos, la ausencia de ambigüedad en las cláusulas contractuales y la falta de impunidad para los infractores “son argumentos en apoyo del establecimiento por la legislación europea de condiciones estrictas de participación en los contratos públicos, con rigurosos sistemas procedimentales y de control de la contratación pública”.
Por ello, considera que el ayuntamiento debe aplicar “la transparencia necesaria para permitir a todos los licitadores estar informados de los criterios y modalidades que se aplicarán en la decisión relativa a la adjudicación del contrato” en aras de garantizar el principio de igualdad contenido en las disposiciones europeas.
El conflicto de intereses es uno de los puntos en los que incide el código ético de Riba-roja hasta el punto que “abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal del órgano de contratación que, además, participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación”.
El código obliga, además, a aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de intereses “deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación”. El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria refuerza esta disposición para que los funcionarios, asesores y autoridades que intervengan en las decisiones y acciones de todo tipo en la contratación para que en todas las fases del procedimiento “queden revestidos de la exigible ética y moralidad”.
Este código ético se añade a todos los instrumentos que a lo largo de la última legislatura se rubricaron como la introducción de cláusulas sociales, ambientales y económicas en más del 80% de los nuevos contratos públicos, la composición de las mesas de adjudicación únicamente por parte de funcionarios municipales y la exclusión deliberada de representantes políticos, la retransmisión en streaming de las sesiones de adjudicación, la publicación de las mismas en las redes sociales –twitter, Instagram, entre otros- o la valoración de la conciliación laboral de los trabajadores de las empresas licitadoras, entre otros aspectos.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado que este nuevo código aprobado “complementa todos los instrumentos que en los últimos años hemos puesto ya en marcha para garantizar que cualquier empresa que se presenta a una licitación pública lo hace con todos los parámetros exigibles de limpieza, transparencia e igualdad respecto del resto de licitadores”.
