El Consell Jurídic pide a Riba-roja que incaute el aval de 1'9 millones de euros al ex presidente del Valencia por un PAI inacabado

El Consell Juridic Consultiu ha dado un espaldarazo a la política urbanística del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria al validar la incautación de un aval de 1'9 millones de euros a la empresa urbanizadora del programa de actuación integrada (PAI) Mas de Baló, propiedad de la familia del ex presidente del Valencia Juan Soler, con el objetivo de construir un polígono industrial cuyas obras están, actualmente, paralizadas desde hace más de un lustro.

El pleno municipal del Ayuntamiento de Riba-roja, paralelamente, ha ratificado los puntos contenidos en el dictamen del Consell Jurídic al declarar los incumplimientos del agente urbanizador, la resolución de tal condición urbanística, la aprobación de las liquidaciones previstas para terminar las obras, la ejecución de los avales y la ejecución de las obras por gestión directa. Las propuestas del pleno han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno -PSPV, Compromís y Esquerra Unida-, del Partido Popular y de Ciudadanos y con la abstención de Riba-roja Pot.

El órgano consultivo afirma en su dictamen público que procede "resolver la adjudicación de los citados programas de actuación y los convenios urbanístico y declarar extinguida la condición de agente urbanizador a la mercantil polígono Mas de Baló, en las unidades de ejecución referidas" y que supone el aval a la decisión que adoptó a finaes de enero el pleno municipal de Riba-roja de Túria.

Las obras para urbanizar el polígono industrial del Mas de Baló, en un área estratégica de máxima importancia, se hallan actualmente paralizadas desde el año 2008 a causa de la crisis económica y urbanística. La ubicación geográfica de este polígono cobra mayor fuerza por su cercanía a las redes de comunicación, especialmente por carretera con la nacional III y la autopista 7.

El consistorio ha constatado que desde el año 2008 "el urbanizador no ha destinado ningún recurso a lo largo de estos años, por mínimo que fuera, a resolver los problemas pendientes y a finalizar la urbanización, consistente en las zonas verdes, completar el desvío eléctrico, terminar y reponer en marcha la depuradora" aunque matiza que tan solo se ha realizado "la red exterior de agua potable, sin que estas obras hayan sido pagadas por el urbanizador y sin aportar la documentación que garantiza la idoneidad de las mismas".

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria asumirá de forma directa la gestión de las obras de construcción que faltan por concluir en este programa urbanístico cuya coste económico "alcanza los 1'2 millones de euros que se financiarán con los 1'9 millones que el pleno ha aprobado incautar del aval que en su momento depositó la empresa, previa adjudicación de la misma".

El incumplimiento en la ejecución de las obras queda avalado con los informes técnicos municipales del ingeniero, el arquitecto y el informe conjunto rubricado entre la secretaria y el arquitecto. El pleno, además, ha rechazado las alegaciones que en su momento presentaron la empresa adjudicataria de las obras, la entidad bancaria financiadora y otra mercantil participada en la adjudicación.

El Consell Jurídic Consultiu matiza, no obstante, que la incautación de los 1'9 millones de euros tendrá en cuenta "las obras de urbanización concluidas alrededor del 80% sobre el total y que el ayuntamiento toleró durante años la completa paralización de las obras" y, por ello, este órgano consultivo aboga por actuar con dosis de "proporcionalidad" al tiempo que recuerda que en ningún momento se impusieron penalidades económicas por los incumplimientos.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que con la adopción de las medidas para incautar el aval bancario "se pone el punto y final a una situación paralizada desde hace 7 años para llevar a cabo unas obras muy importantes que permitirán apoyar y revitalizar el tejido industrial como factor importante para la creación de puestos de trabajo en nuestro municipio".

El munícipe ha añadido que el ex presidente del Valencia Juan Soler "ha dado muestras sobradas de sus ansias por ganar dinero a costa de los ciudadanos y propietarios de Riba-roja sin importarle el mínimo rubor las cantidades indecentes que en materia de plusvalía obtuvo a lo largo de todos estos años, con la complicidad y la impunidad del anterior gobierno del Partido Popular".

De hecho, el PAI consta de 500.000 metros cuadrados en el que se incluyen los 50.000 metros correspondiente al excedente de aprovechamiento por un total de 5'8 millones de euros -116 euros el metro cuadrado- por su carácter de suelo agrícola protegido. Sin embargo, en menos de un año, los terrenos multiplicaron su valor económico en más de un 300% al pasar de los 116 euros el metro iniciales a los 350 euros, lo que supuso plusvalías de hasta 12 millones, ya que los 5'8 millones del valor total del suelo del principio pasaron hasta los 17'5 millones de euros al final tras el proceso de recalificación de los mismos, de suelo agrícola protegido a terreno industrial.