El TSJ condena a Riba-roja a pagar 28.300 euros a la empresa que construyó la piscina cubierta
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha obligado al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a pagar un total de 28.300 euros a la empresa que ejecutó las obras de la segunda fase de la piscina pública de la Mallà por deudas en la liquidación económica que practicó el consistorio en un pleno celebrado en abril del año 2010. Este pago se añade a los enormes sobrecostes económicos que supuso el proyecto de hasta un 71% al pasar de los 3'5 millones iniciales a los 6 millones finales.
La ejecución de la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha sido aprobada a instancias del actual equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- por unanimidad del resto de las fuerzas políticas con representación en el pleno municipal de Riba-roja de Túria: Partido Popular, Riba-roja Pot y Ciudadanos.
El litigio judicial se inició a raíz de la resolución del contrato aprobada en el pleno del 9 de abril de 2010 sobre las obras de la segunda fase de las obras de la piscina de al Mallà, que incluían la incautación del aval por valor de 117.042 euros y una liquidación económica de la que el ayuntamiento deducía 331.978 euros como compensación por los fallos y las deficiencias en la ejecución.
Sin embargo, el recurso interpuesto por la mercantil fue admitido por la sala de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia que ordenaba una modificación de la liquidación propuesta por el consistorio al rebajarla de los 331.978 a los 205.695 euros finales. De esta forma, la sentencia de los magistrados del TSJ aceptaban una reformulación de la liquidación propuesta por la constructora.
El fallo de la sala de lo contencioso-administrativo es demoledor en las formas y en el procedimiento que se siguió en la construcción del proyecto de la piscina cubierta. De hecho, constata defectos "reconocidos por el director de la obra, no se realizó la conexión al sistema de saneamiento por parte de la administración y no se aprobó un proyecto modificado pese a haber sido solicitado por el propio director de las obras".
Además, los jueces añaden que la demora en la ejecución de las obras "fue propiciado en gran medida por el retraso de la administración en aprobar un proyecto modificado" y la falta de finalización de las obras "viene motivado por causas no directamente imputables a la contratista al no lograr que la contratista aceptara la liquidación del contrato propuesto al hallarse en situación de concurso de acreedores".
Las obras de la piscina de Riba-roja de Túria se debían haber puesto en marcha en el año 2007 pero se demoraron hasta 2013, con un retraso de casi seis años sobre el plazo fijado. Además, supusieron un enorme sobrecoste económico de hasta un 71% al pasar de los 3'5 millones de euros presupuestados inicialmente a los 6 millones que supusieron al final.
A pesar del retraso en la ejecución y el sobrecoste, la piscina de la Mallà ha necesitado esta legislatura una nueva inversión de más de 500.000 euros para reparar y solucionar los cerca cuarenta fallos detectados por una auditoría encargada por el actual gobierno de Riba-roja durante esta legislatura y que impedían a los usuarios de esta infraestructura deportiva utilizarla con todas las garantías. Grietas, material en mal estado, aparatos obsoletos y fuera de garantía o instalaciones inadecuadas para un uso cotidiano han sido algunos de los defectos hallados por el consistorio.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria atribuye esta sentencia sobre la piscina "a una prueba más de la herencia recibida por el anterior ejecutivo del Partido Popular del que formaba parte la actual portavoz municipal, María José Ruiz, y que demuestra su catastrófica gestión en los recursos económicos con unas instalaciones deportivas que se hicieron tarde, mal y que costaron más de lo que estaba previsto, hasta el punto que no sirven para realizar competiciones porque no cumplen las medidas oficiales exigidas".
