El TSJ condena al ayuntamiento al pago de 879.000 euros por una expropiación de 1976

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha condenado al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria al pago de 879.340 euros a los propietarios de unos terrenos que la administración local expropió a finales de los años 70 pero que hasta ahora no ha abonado por falta de acuerdo entre el consistorio y los dueños de los casi 58.000 metros cuadrados de suelo que se destinaron entonces para construir un parque en Montealcedo.

La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ ha estimado la petición de la familia propietaria de adoptar como medida cautelar el pago de los citados 879.000 euros a la espera de que el máximo tribunal jurídico valenciano se pronuncie sobre el recurso que en su día interpusieron ambas parte contra el dictamen de la Junta Provincial de la Expropiación que cuantificaba el valor de los terrenos en 1'6 millones de euros.

Mientras un informe técnico del Ayuntamiento de Riba-roja valoraba los terrenos en los 879.000 euros, la familia propietaria cifraba en 6'7 millones su precio real. Al tiempo el citado tribunal de la expropiación zanjaba la cuestión con una cantidad intermedia de 1'6 millones de euros que fue recurrida por el propio consistorio en mayo de 2015, a pocas semanas de la cita electoral, al considerar elevado este precio.

Sin embargo, la sentencia del TSJ podría no ser la última para las arcas municipales del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria si prospera el recurso contencioso-administrativo formulado por los herederos de la familia propietaria de los terrenos que reclaman una valoración adecuada al precio de mercado de los mismos basados en su extensión global.

El auto del alto tribunal valenciano recuerda de que en su día se debió fijar en el presupuesto del ayuntamiento de Riba-roja de Túria "el reconocimiento del pago del justiprecio, que es lo que ahora se reclama, por lo que ya debe estar de sobra reconocido; no se comprende por qué se desestimó el recurso de reposición pudiendo minorar el pago de lo debido".

Un informe municipal conjunto de la interventora y de la tesorera, en la misma línea, subraya que el citado pago se refrendar, a continuación, mediante un acuerdo del pleno de la corporación a través del pertinente reconocimiento extrajudicial, por lo que "dadas las fechas actuales" el presupuesto de aplicación será el correspondiente al ejercicio de 2016 con la previsión de créditos iniciales o las oportunas modificaciones presupuestarias.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que esta condena judicial "es la muestra de la nefasta gestión urbanística que en su día realizaron el ex alcalde Francisco Tarazona, y el anterior gobierno del PP del que formaba parte la actual portavoz municipal, María José Ruiz, al enrocarse en su posición inicial sin llegar a ningún tipo de consenso o diálogo que nos habría evitado llegar a la vía judicial y, por tanto, no se alcanzó ningún acuerdo entre ambas partes que en un futuro podría aumentar de forma desorbitante los pagos a esta familia propietaria".

Según el alcalde, el anterior gobierno "no cumplió con su deber de consignar la pertinente partida económica en el presupuesto como establece la ley en este tipo de casos y dejó este litigio judicial para la corporación que surgiera de las urnas, y ha tenido que ser el actual equipo de gobierno el que asuma esa responsabilidad y haya realizado las pertinentes gestiones por dejación del Partido Popular".

Raga ha añadido que el futuro judicial de Riba-roja podría alcanzar los 36 millones de euros a medio y largo para las arcas municipales si prosperan los 15 litigios judiciales que afectan al ayuntamiento, principalmente, por cuestiones urbanísticas. Entre ellas cabe destacar -al margen de los 6'7 millones referidos por la expropiación- los 2'2 millones de euros del propietario de una fábrica que se incendió en un polígono, una indemnización de otros 2'2 millones de una empresa adjudicataria de un programa de actuación integrada (PAI) por daños y perjuicios, otros 506.000 euros por la rescisión de un contrato público y diversos litigios que oscilan entre los 2.500 y los 420.000 euros.

Por último, el conocido como PAI Porxinos -promovido por el Valencia y anulado por el Tribunal Supremo para construir una ciudad deportiva en Riba-roja- representa una buena parte de los 36 millones de euros en total que el equipo de gobierno deberá pagar a medio plazo. En este caso, el PAI de Porxinos podría significar el pago de otros 22 millones de euros en indemnizaciones al Valencia por la anulación del plan urbanístico.