El Ayuntamiento de Riba-roja deplora que el València opte por la vía judicial al recurrir al TSJ la sentencia que rechaza una indemnización de 25 millones por Porxinos

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha lamentado la actitud del València CF, a través de la mercantil Litoral del Este, al recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) la sentencia emitida a finales de julio pasado en la que se rechaza una indemnización de 25 millones de euros por la anulación del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos.

Litoral del Este, la empresa creada por el Valencia para llevar a cabo un programa urbanístico en Riba-roja de Túria, ha presentado un recurso en apelación ante el máximo órgano jurídico de la Comunitat Valenciana tras el varapalo del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de València que ratificaba la postura del Ayuntamiento de Riba-roja a negarse a devolver los 25 millones de euros tras la anulación del plan urbanístico.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha lamentado que los actuales dirigentes del València hayan optado por una actitud “beligerante” y “combativa” en lugar de aceptar el fallo judicial que a finales de julio suponía una ratificación de la actitud que a lo largo de todo el proceso ha mantenido la administración local en lugar del diálogo y el consenso con las administraciones.

El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria considera que los actuales dirigentes del Valencia CF “se empeñan en recurrir por todas las vías legales a su alcance un programa urbanístico que pretendía en su día una especulación inmobiliaria y económica únicamente y para ello utilizaban un espacio verde y de gran valor ecológico y ambiental como el área de Porxinos”.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria recuerda que este PAI ha servido, hasta el momento, para que el Valencia, a través de la empresa creada, haya obtenido “un pelotazo” de 141’2 millones de euros en plusvalías, como así se acredita en la última sentencia, a costa de todos los vecinos de la localidad con el pretexto del citado plan urbanístico y antes de haber llevado a cabo ningún tipo de obra concreta.

El PAI de Porxinos en Riba-roja de Túria se inició en el año 2005 con la firma de un convenio entre Litoral del Este y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, entonces gobernado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, la construcción de una ciudad deportiva, un campo de golf y hasta 2.700 viviendas en aquel momento en la citada área ambiental de la localidad.

Sin embargo, primero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior del Supremo de junio de 2015 declararon nulo el plan parcial y la homologación del proyecto urbanístico al considerar que no existían suficientes recursos hídricos como ponía de manifiesto un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), además de que no se respetaron las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental respecto del paraje colindante de les Rodanes y, por último, la adjudicación de la urbanización se realizó "a dedo" y "sin la necesaria oferta pública".

A pesar del revés judicial, Litoral del Este volvió a tramitar un nuevo plan que presentó en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en marzo de 2016 quien a su vez trasladó a la Generalitat Valenciana como administración pública competente para dictaminar sobre este nuevo tipo de proyecto urbanístico.  

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat rechazó en abril pasado la tramitación del nuevo plan porque éste triplicaba los límites de crecimientos previstos en Riba-roja de Túria. Además, en septiembre la Conselleria de Medio Ambiente ha ampliado el área de protección del plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria en el que el paraje de Porxinos quedará incluido en la denominada interfase 1 como zona forestal y agrícola no urbanizable, por tanto, el PAI es inviable.

A estas sentencias se unió posteriormente la del pasado julio en la que se rechazaba la pretensión de Litoral del Este de recibir 25 millones de euros en concepto de intereses e indemnización por la anulación del plan urbanístico, a pesar de que les reportó 141 millones de euros en plusvalías.