El GPP registra una Comisión de Investigación sobre los casos de presunta explotación sexual y abusos a menores en Baleares y Comunidad Valenciana
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, y las portavoces adjuntas del GPP Marga Prohens y Macarena Montesinos, han registrado la petición de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre las responsabilidades, tanto por acción como por omisión, en los casos de presunta explotación sexual y abusos a menores de edad cometidos en centros de protección ubicados en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana.
En estos casos no parece que las Administraciones competentes, estatal y autonómica, hayan velado por la salvaguarda y amparo de los derechos de las menores, lo que implica que se deben investigar en profundidad los hechos acaecidos si verdaderamente se quiere cumplir con el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño y de nuestra Carta Magna.
Por ello, el GPP defiende que el Congreso debe esclarecer todos los interrogantes políticos que arrojan estos acontecimientos. También la Comisión debe formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro.
Además, el Grupo Popular ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo reclamando que intervenga para que se investigue la actuación del Gobierno de Sánchez y de las instituciones y gobiernos autonómicos de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, en relación con estos casos, así como exigiendo las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido en dichos hechos.
El GPP considera que estos lamentables acontecimientos deben aclararse ante la falta de información y transparencia de las instituciones autonómicas y gubernamental. Además, revisten una gravedad de tal magnitud que resulta necesaria su investigación, como así lo ha decidido el Síndic de Greuges y el Parlamento Europeo en relación a la Comunidad Valenciana.
Por ello, en base al artículo 200.2 del Reglamento del Congreso, el Grupo Popular defiende que se dan los elementos objetivos para reclamar la necesaria y urgente intervención del Defensor del Pueblo, comisionado de las Cortes Generales, para investigar en profundidad estos hechos, que las actuaciones e implicaciones a todos los niveles salgan a la luz, se garanticen los derechos de los menores y se puedan extraer responsabilidades para quienes ocultan, amparan y protegen este tipo de acciones.
