El GPP reclama que no se rebaje a 16 años la edad para que los menores puedan decidir sobre su muerte

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), María José Catalá ha denunciado hoy que la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida, "es muy peligrosa" porque pretende rebajar a 16 años la edad en la que una persona puede decidir sobre el fin de su vida sin contar con el consentimiento paterno o del representante legal a pesar de que el criterio sea contrario al del médico.

Así, ha señalado que la Ley "tiene visos de inconstitucionalidad mediata" ya que, el artículo 17 de la norma relativo a los derechos de las personas menores de edad, estaría vulnerando indirectamente la legislación básica del Estado y la instrucción de la Fiscalía General del Estado. En este punto, la portavoz adjunta ha recordado que la Ley nacional protege que "cuando se trata de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, el consentimiento lo prestará el representante legal del mismo".

"Disminuir la mayoría de edad a los 16 años a efectos de decir sobre la vida o la muerte, incluso en contra del criterio del médico, nos parece tremendamente preocupante, por lo que debería permanecer la mayoría de edad a los 18 años", ha advertido. Además, ha añadido, la Constitución establece en su artículo 43.2 respeto a la igualdad de derechos y deberes con independencia del territorio.

Catalá se ha expresado en estos términos tras presentar una enmienda a totalidad al proyecto de ley de la Generalitat de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida por su carácter "innecesario, ideológico y por los visos de inconstitucionalidad que plantea".

Según ha explicado, es una ley "innecesaria" porque la regulación de legal de la 'muerte digna' está contemplada en la Ley 41/2012 reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones, además de la ley 10/2014 y de 168/2004 sobre el consentimiento informado y el derecho a las de voluntades anticipadas. Además, plantea como novedad que los pacientes puedan contar en ese momento de su vida con habitación individual algo que "ya se hizo con el plan de Humanización del PP del año 2000".

Es además, una ley "ideológica" con unos planteamientos que "están dirigidos a un terreno muy peligroso y resbaladizo" encaminada a admitir social y jurídicamente la eutanasia voluntaria a petición del paciente o respecto de personas que no pueden solicitarla.

María José Catalá ha afeado al Consell que "intente regatear" con una ley que afecta a la vida de las personas "racaneando plazos y periodos necesarios de reflexión" porque "la tramitación de urgencia no está justificada". Una ley que "racanea incluso en cuanto a la memoria económica ya que no cuenta con presupuesto alguno" por lo que "resulta imposible de adaptar la asistencia sanitaria a los cambios propuestos".

En esta línea, la portavoz adjunta ha advertido que existen centros como el Hospital de Elche que ya han puesto en marcha operativos para informar sobre los protocolos de la muerte digna cuando al ley todavía no está aprobada. En este punto, Catalá ha denunciado la "cosificación" de la campaña del hospital y el machismo de la misma.