Quart de Poblet aprueba compensar 449.304,86€ a los usuarios de agua potable

La revisión de los costes previstos por la empresa que explota la concesión del agua potable para 2019 y la falta de justificación contable de los gastos reales, de acuerdo a auditorías externas encargadas por el Ayuntamiento de Quart de Poblet en 2021, generó un saldo favorable a los usuarios de 449.034 euros. Esta revisión de los costes reales, demandada por Compromís desde 2016 y que se efectuó a partir de la petición de las actas de seguimiento sobre la propuesta de precios anual para revisar las tarifas correspondientes a 2020, provocó que el precio del agua se congelara desde ese año y se haya acordado la comprobación de los presupuestos presentados por la empresa adjudicataria de todos los ejercicios que sea posible.

Hasta 2019, ante incrementos de la tarifa la empresa presentaba una memoria de previsiones con la que pretendía ajustar los precios, todos los años al alza, sin que se emitiera informe por parte del técnico municipal correspondiente o externo, validando las facturas o gastos que justificaban esos incrementos. La inexistencia de estas actas de seguimiento ni de las liquidaciones anuales, generó las quejas de Compromís en todos los plenos desde 2016. Sin comprobación por parte del ayuntamiento, la empresa fijaba el precio de sus servicios sin control y en base a sus estimaciones. La primera vez que se efectuó un control, de hecho, se estimó en un 20% el exceso de ingresos que provocó esa tarifa, con cargo a los usuarios, respecto a los posibles gastos reales que además no se justifican de manera adecuada según los técnicos municipales.

Una vez comprobado su contenido, respecto a 2019 para el cálculo de la tarifa de 2020, a petición de Compromís en el Pleno y en la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana, se ha verificado que la empresa estaría supuestamente obteniendo beneficios no justificados ni amparados en contrato con sus propuestas o estimaciones. Por este motivo Compromís considera que el Ayuntamiento de Quart de Poblet “no dispone de la situación real del saldo de la concesión al cual tienen derecho los usuarios puesto que la tarifa se calcula a partir del coste del servicio. Con ese dato puede ocurrir que, ante una reparación imprevista, unas obras urgentes o una inversión necesaria, el precio del servicio se dispare exponencialmente o que el aumento de usuarios, que abarataría los costes fijos, no suponga un beneficio en la mejora del precio. Por tanto, como es de justicia, no tiene sentido carecer de ese dato cierto.”

Para Rosa María García, portavoz de Compromís, “el derecho a una compensación está vinculado, en definitiva, a la necesidad de restablecer el equilibrio económico del contrato porque existen divergencias entre las previsiones económicas iniciales y los costes finales, que saltan a la vista por la auditoría de la ejecución del contrato. Se debería de haber realizado año a año, una revisión sencilla, de oficio. Así, cada vez que se han autorizado los aumentos de tarifa por el pleno por asentimiento del anterior equipo de gobierno hasta 2019, se debería de haber ajustado el precio del servicio público a lo real.” García insiste en que “Queremos un precio ajustado a la realidad. Defender nuestros intereses como usuarios.  La revisión de precios está para eso, tal y como nos indicó el Juzgado cuando se reclamó el ingreso del excedente. La tarifa sirve para ajustar el precio a la realidad en un contrato que está vivo. Se debe vivir esta exigencia con plena normalidad. Lo anormal es no comprobar los presupuestos, su ejecución y dar por bueno el resultado. De hecho, no es normal ni legal”.

Así las cosas, respecto al otro ejercicio auditado que corresponde a 2018, existe un nuevo informe técnico elaborado por una empresa externa que cifra en  532.837,8 € el exceso estimado entre costes y gastos probables. El ayuntamiento abrirá un periodo de justificación a la empresa para que efectúe las alegaciones que corresponda. Para Compromís  “es lo lógico, lo que se hace con otros contratos como la piscina o guardería municipal”

En 2022, un juzgado de València rechazó la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera ser compensado por esta vía por lo cobrado de más por Aguas de València en 2019. “El juzgado no entró en el fondo de la cuestión, pero indicó el camino a tomar y realizó un tirón de orejas al ayuntamiento y a la empresa por no llevar un control anual de la explotación mediante la comprobación de las previsiones. Eso es lo que pedía Compromís desde 2016. Y lo confirmó nuestro asesor jurídico externo y nuestro secretario en sendos informes impecables que siguen la doctrina del Consell Jurídic Consultiu”.

Compromís ha solicitado que se actualice el balance de la concesión a 2024 y que, si para ello es necesario, se auditen todos los ejercicios desde la privatización del servicio de agua potable en 2010.