Quart de Poblet y Albal acudirán a la Justicia para exigir que el PP “no aniquile” la TDT Local Pública de Torrent

Los ayuntamientos de Quart de Poblet y Albal interpondrán un recurso contencioso-administrativo contra la orden de disolución del Consorcio para el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Local Pública para la Demarcación de Torrent, con el que tratan de impedir “que el PP aniquile TV35, un canal que podría servir a miles de valencianos y valencianas, nutriéndose a la vez de algunos de los magníficos profesionales de Canal 9 a los que el presidente Fabra dejó en la calle, mientras llega el cambio a la Generalitat que permitirá el regreso de RTVV como televisión pública, plural y de calidad”, según ha anunciado el primer teniente del Ayuntamiento de Quart y representante del municipio en el Consorcio, Bartolomé Nofuentes.

Varios municipios de l’Horta promovieron en 2006 la puesta en marcha de una televisión digital terrestre de carácter público, que contribuyera a vertebrar la comarca. Nació así TV 35, con sede en Torrent, una de las más importantes de la Comunitat Valenciana, ya que se estimaba una audiencia potencial de 2 millones de habitantes, desde Sagunt a Gandia y desde Ibiza a Buñol.

Sin embargo, tras las elecciones de 2007, bajo la presidencia de Torrent y con la mayoría del PP en el Consorcio se dinamitó el proyecto, pese a que se había elaborado ya un Plan Estratégico para su puesta en marcha. En junio de 2013, “con una prisa sospechosa, los ayuntamientos del PP representados en el Consorcio para el Desarrollo de TV35 acordaron su disolución con nuestra oposición y pese a que planteamos fórmulas factibles como mantener la actual estructura, con aportaciones 0 de los municipios miembros hasta que la situación económica mejore y haga viable la puesta en marcha del canal, poniéndola mientras tanto a disposición de las universidades valencianas con el objetivo de que se puedan beneficiar de ella los estudiantes del ramo audiovisual, ofreciéndoles una formación más completa de cara a su inserción laboral”, recuerda el edil.

En este sentido, incluso se planteó a la Diputación de Valencia que, “en lugar de recurrir a televisiones privadas para cubrir el vacío de programación en valenciano y sobre las señas de identidad valencianas dejado por la operación de aniquilación de Canal 9 tras una saqueo deleznable, recurriera a la televisión digital terrestre de l’Horta, que es pública”, añade.

Ahora, tras el acuerdo definitivo de disolver el ente y ordenar a la comisión ejecutiva determinar su activo y su pasivo para la liquidación, Quart de Poblet y Aldaia se acogerán a la posibilidad de recurrir a la Justicia para dejarlo sin efecto porque “es una resolución que no está justificada y sospechamos que encierra un intento de dejar libre la licencia para que se puedan beneficiar los grupos de comunicación amigos de González Pons a los que el Tribunal Supremo dejó sin licencia al anular el proceso de adjudicación de emisoras de televisión digital terrestre efectuado en 2005 por el entonces conseller”, concluye Nofuentes.