La juez archiva la denuncia del PP contra la alcaldesa, Carmen Martínez
Amparo Mora denunció en plena campaña electoral, pero después han desistido del caso y ni siquiera han presentado la fianza que exigía el juzgado
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Quart de Poblet ha archivado la denuncia por presunta prevaricación interpuesta por el PP local, en plena campaña de las pasadas elecciones municipales, contra la alcaldesa, Carmen Martínez. El auto ya es firme.
El portavoz del grupo municipal socialista y primer teniente de alcalde, Bartolomé Nofuentes, ha declarado que esta resolución demuestra que “el grupo municipal del PP de Quart de Poblet y su portavoz, Amparo Mora, que se presentaba como candidata a la alcaldía por tercera vez, recurrieron de forma torticera e interesada a los tribunales en plena campaña electoral para intentar dañar políticamente la imagen de Carmen Martínez con el objetivo de arañar votos. Presentaron dos denuncias; una ya está archivada y la otra estamos convencidos de que lo estará en breve porque no existe delito alguno”.
En este sentido, destaca que el archivo de las actuaciones se haya producido después de que el PP local no haya presentado formalmente una querella y depositado la fianza (6.000 euros) que la ley exige para personarse como acusación. No obstante, el delito es perseguible de oficio, por tanto, si la juez o la fiscalía hubiesen detectado en el expediente indicios de alguna actuación penal o administrativamente irregular podría haber continuado el procedimiento. Si no ha sido así, es porque la acusación no se sustentaba.
“Como en otras cinco denuncias anteriores contra el equipo de gobierno, todas archivadas, recurrieron a la mentira para intentar conseguir con malas artes lo que no logran en las urnas en Quart de Poblet y, como perdieron de nuevo, para qué tirar el dinero, porque saben perfectamente que no están diciendo la verdad y que, incluso, ocultaron datos a la juez. Debería caérseles la cara de vergüenza por ni siquiera haber aportado la fianza que les pedían. Es indigno e intolerable en personas que ostentan cargos públicos y que, lamentablemente, lo único que hacen es desprestigiar el ejercicio de la política entendida como servicio público”.
Nofuentes ha añadido que “éste es un nuevo patinazo de la señora Mora, que llegó a convocar una rueda de prensa en la sede del PP en la que acusó al equipo de gobierno municipal de un delito de prevaricación. Espero que sea el último y que deje de poner en ridículo a sus compañeros y compañeras de partido, contándoles historias para no dormir que no tienen nada que ver con la gestión responsable, transparente y participada que desarrollamos en Quart de Poblet. Hasta la diputada del PP en las Cortes Valencianas, Alicia de Miguel, ha llegado a proclamar en sede parlamentaria que Carmen Martínez estaba imputada y lo iba a demostrar con papeles. No lo ha hecho porque es totalmente falso y ella tocaba de oído”.
Los hechos archivados están relacionados con la ocupación de unos terrenos de titularidad municipal, alejados del casco urbano, cruzando la A-3, por la mercantil Viveros Planta Nova S. L.
El PP afirmó que esa ocupación tenía una antigüedad de años y el Ayuntamiento no había hecho nada por legalizar la situación, además de asegurar en una rueda de prensa que no se les había facilitado el expediente.
Sin embargo, las pruebas aportadas por el Ayuntamiento de Quart de Poblet demostraban que el PP mentía en todos esos puntos.
La ocupación fue detectada en noviembre de 2010 e, inmediatamente, se dio instrucciones a la Policía Local para verificarlo y se inició un expediente, que ha seguido escrupulosamente los trámites legales, para la recuperación de oficio de esos terrenos. El PP ha tenido a su disposición en todo momento el expediente que, incluso, se publicó en la página web municipal para mayor transparencia.
Tras comprobar que la ocupación correspondía a la mercantil Viveros Planta Nova S. L., se le notificó que debía abandonar los terrenos el 22 de diciembre de 2010.
Planta Nova planteó que no obraba de mala fe, ya que al tratarse de suelo colindante a sus instalaciones, decidió adecentarlo, cuidar del terreno y colocar plantas de su vivero, al no haber encontrado a sus propietarios. Así mismo, solicitó continuar usando esas instalaciones, asumiendo el coste de la licencia y la ocupación oportuna.
Los servicios jurídicos municipales emitieron un informe el 3 de febrero de 2011, en el que consideraban factible la ocupación temporal y “a precario” de esos terrenos por la citada mercantil, siendo necesario hacer una valoración del uso i utilidad que reporte su aprovechamiento, así como la compatibilidad con el PGOU del municipio, a efectos de establecer la correspondiente contraprestación al consistorio por parte de la empresa.
