Compromís estima que el desequilibrio financiero del contrato del servicio de agua potable del Ayuntamiento de Quart de Poblet supera los 4 millones de euros.

Los asesores jurídicos de la coalición consideran que el Ayuntamiento debe fiscalizar obligatoriamente y con urgencia todos los ejercicios desde 2010 para no caer en responsabilidad contable por “omisión de sus funciones”.

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha efectuado un estudio sobre la repercusión de la sentencia del Juzgado N.º 3 del Contencioso–administrativo de València que confirma el acuerdo plenario de 23 de febrero de 2021, acuerdo que reclamaba el ingreso de 449.304,86 euros a la  empresa concesionaria del servicio de agua potable para garantizar el equilibrio económico del ejercicio 2019. El juzgado ha considerado que la liquidación practicada por la corporación se ajusta a derecho y por tanto, la empresa habría ingresado a través de la tarifa cobrada a los usuarios un importe excesivo respecto al año analizado quedando obligada a devolver.

A partir de esta sentencia el grupo municipal Compromís ha estudiado las posibles desviaciones producidas desde 2010, inicio de la concesión, atendiendo a los criterios empleados para el ejercicio 2019, de los costes no justificados e incorporados como gastos por la empresa. Así, aplicando el mismo criterio que ha empleado la jueza para fundamentar la resolución judicial, una estimación a partir de los documentos de las diferentes tarifas e informes económicos aportados, que ahora se han demostrado fuera de ley, apunta que el sobrecoste pagado podría suponer más de 4 millones de euros.

Desde 2016, Compromís Quart había denunciado repetidamente la deficiente supervisión de este contrato de suministro por parte del equipo de gobierno que hora, legalmente, se ve obligado a realizar en cuanto que responsable del contrato. Una fiscalización de oficio para garantizar que se ha roducido una gestión equilibrada financieramente. La asesoría jurídica de Compromís considera que la no realización urgente de la mencionada fiscalización contable podría comportar responsabilidades de los gestores políticos que, conociendo la sentencia y su posible extensión a ejercicios anteriores, no hayan cumplido con sus obligaciones.

Rosa Maria Garcia, portavoz del grupo municipal Compromís Quart considera que “sin nuestro trabajo continuo de queja sobre la no verificación del cumplimiento del contrato, el Ayuntamiento nunca habría reclamado ninguna justificación ni se habría producido la liquidación de 2019 a la concesionaria. por ejemplo, pasaron cuatro años de contrato sin ninguna comisión de seguimiento.