El Ayuntamiento exige al Gobierno Central que exima de pagar la plusvalía a las personas que pierdan sus viviendas
Tienen que hacer frente al impuesto tanto en los casos en que el inmueble es subastado como en los de dación en pago
El pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó ayer una moción consensuada por el grupo socialista, el edil Ismael Valiente y la Coalición Compromís, con la abstención del PP, en la que se exige al Gobierno Central que establezca “la exención de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de su vivienda en pago de la deuda, atendiendo al criterio de capacidad económica de los sujetos obligados”.
De esta forma se pretende acabar con la paradoja que supone para personas que han perdido su casa porque carecen de recursos, en muchos casos hasta para comer, tener que pagar el impuesto de plusvalía cuando el beneficiario de la venta del inmueble va a ser la entidad bancaria que lo subasta o se lo queda para cubrir la hipoteca.
La moción ratifica la mediación con las entidades bancarias y la prestación de asistencia jurídica a los afectados por desahucios por parte del Ayuntamiento, que ya lo estaba haciendo con recursos propios y lo va a reforzar a través de la adhesión al servicio ofrecido por la Diputación de Valencia a los municipios a través de un convenio con el Colegio de Abogados. Asimismo, se establece la elaboración de un protocolo de actuación de urgencia para asistir a las familias desahuciadas.
Otro de los acuerdos aprobados es instar a la Generalitat Valenciana a la puesta en marcha efectiva del servicio de mediación hipotecaria, al mismo tiempo que refuerza su apuesta por la política de alquiler social como medida paliativa de cara a las familias que se vean desalojadas de su vivienda habitual, precisando que la cuota de alquiler en estos casos no supere nunca el 20% de los ingresos de la unidad familiar a nivel de renta.
Por último, la moción reclama “a todas las instituciones, organizaciones y agentes sociales su compromiso para frenar los desahucios, promoviendo un cambio de la legislación hipotecaria y una paralización de todos los procesos de desahucio que afecten a la vivienda habitual en casos de insolvencia sobrevenida”.
