CSI·F denuncia que la provincia de Valencia ha perdido 618 plazas de trabajadores del Estado en el último trienio
El sindicato CSI·F denuncia la pérdida de 618 plazas de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) en los últimos tres años en la provincia de Valencia. Los últimos datos anuales aportados por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas revelan que en la provincia realizan su labor 7.913 trabajadores del Estado, un 7,2% menos que en 2012. La ratio sale a uno por cada 322 habitantes.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica que en 2012 la plantilla de AGE en la provincia de Valencia ascendía a 8.531 empleados públicos. En apenas tres años ha perdido 618 trabajadores, sobre todo debido a la falta de reposición de la mayoría de las jubilaciones. En el conjunto de la Comunidad Valenciana la caída ha sido de 1.082 empleados de AGE entre 2012 y 2015.
CSI·F apunta que la reducción de plantilla, con el consiguiente deterioro del servicio público, se aprecia en las tres provincias. Alicante ha perdido 324 empleados del Estado en ese trienio y alcanza una ratio de un trabajador de AGE por cada 496 ciudadanos, cuando comunidades como Aragón tienen uno por cada 191 habitantes. En concreto la plantilla alicantina ha quedado en 3.763 empleados públicos frente a los 4.087 de 2012. La central sindical señala que en Castellón la situación es similar. La reducción de efectivos en este trienio asciende a un 6,47%, ya que pasa de 2.163 trabajadores a 2.023.
CSI·F insta al Gobierno a reforzar las plantillas de Servicio Público de Empleo Estatal, Fogasa, Instituciones Penitenciarias, Agencia Tributaria, Tráfico, Confederación Hidrográfica del Júcar u oficinas de expedición de DNI y pasaporte, entre otros organismos. El sindicato explica que las elevadas ratios actuales de empleados por habitante provocan una sobrecarga de estos servicios e impiden ofrecer la atención adecuada.
La central sindical subraya que la gestión de personal realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha provocado una elevada amortización de plazas en la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo, no convoca suficientes concursos públicos con las vacantes necesarias para prestar un servicio eficaz al ciudadano.
