Puig pide al Gobierno que apoye a la Comunitat en el Plan del Tajo: “No se ha actuado de forma correcta”

El Gobierno valenciano ha pedido al de España que invalide el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura porque se van a recortar drásticamente los trasvases del Segura con la última modificación que ha realizao el Ministerio para la Transición Ecológica.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, la pedido al Gobierno “que entienda la posición de la Comunitat Valenciana y Murcia” y reconoce abiertamente “que no se ha actuado de una manera correcta” desde el Gobierno de Pedro Sánchez: “Nosotros estamos abiertos al diálogo, sabemos que la confrontación no sirve de nada y tenemos que buscar ese punto de encuentro”.

El jefe del Consell ha realizado estas declaraciones en Bruselas, donde ha apoyado a los regantes: “Están en su derecho de manifestarse”. Estas declaraciones se producen después de que el Consell haya solicitado a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura. 

La petición del Consell se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat, que ya han sido remitidas al órgano consultivo del Gobierno, en las que se acreditan “defectos acaecidos en la tramitación del proyecto” que podrían ser “determinantes de la nulidad de pleno derecho” del proceso.

Lamentan que con posterioridad al primer encuentro en el que se acordó las bases del texto,se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que fue sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua. El nuevo texto impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura.

La introducción de ese programa de seguimiento al que se alude en la redacción modificada de la adicional novena, tal como subraya la Abogacía de la Generalitat, “ha quedado totalmente desnaturalizada y se ha convertido en ilógica e inútil”, de manera que el nuevo texto enviado por el Ministerio al Consejo de Estado adolece de “falta de criterio y rigor técnico”.