El PSPV reclama al Consell que rectifique y no cargue el IBI a las viviendas en alquiler del IVVSA
La portavoz socialista de Vivienda en Les Corts, María José Salvador, ha anunciado que el PSPV ha presentado una proposición no de ley en Les Corts para pedir que se rectifique la decisión del Consell por la que los inquilinos de viviendas sociales del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) tienen que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), “especialmente si se trata de alquiler social ya que estas cantidades de dinero pueden servir para que estas personas puedan llegar a fin de mes o incluso poder comer, como así han revelado presidentes de asociaciones de vecinos afectados por esta medida”, ha manifestado.
De esta manera se ha pronunciado la diputada ante la decisión tomada por el Consell de “manera arbitraria y de la noche a la mañana” de repercutir el IBI sobre los inquilinos de viviendas del IVVSA que en la Comunitat representa un total de 3.000 viviendas. Al respecto, ha señalado que en nuestra autonomía “hay muchas personas en situación de riesgo de ejecución hipotecaria y, por tanto, en riesgo de exclusión social” al tiempo que ha apuntado que el Estatut de Autonomía considera la vivienda como un derecho social básico.
En esta línea, ha recordado que en 2012, según datos del Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana, se produjeron 7.046 desahucios de primera vivienda, lo que hace, según su opinión, “urgente y necesario la toma de medidas dirigidas a paliar la grave situación que están pasando muchas personas que no pueden hacer frente al pago de un alquiler o cuota hipotecaria”. Al respecto, ha puntualizado que hay más de 725.000 parados, más de 118.000 hogares sin ningún tipo de ingresos y 45.000 personas que viven de las pensiones de los mayores.
Desde el PSPV se lamenta que justamente en estos momentos se aplique esta medida, que el Consell se acoja a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 que nunca se había aplicado en este sentido hasta ahora. Por ello, ha alertado de las “graves repercusiones” para las personas que están en alquiler social al tiempo que ha destacado que hay que tener en cuenta la actual coyuntura económica, el número de desahucios en la Comunitat Valenciana, las cifras del paro, las dificultades económicas de miles de valencianos. Por todo ello, ha dicho que es “una medida injusta que no contribuye a mejorar la vida de estas 3.000 familias sin todo lo contrario”.