El GPP presenta recurso contra la Oficina de derechos lingüísticos del Consell

El Grupo Popular ha presentado un recurso ante el TSJ contra el Decreto de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos del Consell. Así lo ha anunciado hoy la portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, María José Ferrer San-Segundo.

El Consell ha publicado esta semana este decreto sobre la Oficina de Derechos Lingüísticos. "En el texto no se atienden ni siquiera las observaciones que con carácter esencial formuló el CJC. El decreto solo dice "oído el CJC", no conforme. Entre las observaciones estaba el ámbito de aplicación del decreto que se extiende a la administración local y del Estado pero que no puede invadir esas competencias sin la existencia de un concierto previo con esas entidades. Luego el Botànic se queja de que los tribunales declaren ilegales normas que son ilegales. Legislan a balonazos sin ni siquiera contar con el órgano estatutario que indica si se actúa o no de acuerdo con la legalidad".

La portavoz popular ha manifestado que "más grave todavía es que, según el CJC, esa oficina de derechos lingüísticos donde se puede denunciar, tramitar reclamaciones y adoptar medidas, pueda actuar también respecto a las relaciones de ámbito privado, es decir, entre personas físicas pero de carácter privado cuando alguien considere que se han vulnerado sus derechos lingüísticos. Abarcando ámbitos como los comercios, los despachos, las oficinas, en la propia casa de uno...".

María José Ferrer San-Segundo ha indicado que "es cierto que lo intentan maquillar diciendo que solo se puede abrir un expediente informativo, pero eso solo es de momento, las hojas de ruta son así. El objeto de la norma es que quien sienta vulnerados sus derechos pueda recurrir para que se adopten las medidas correspondientes. Se crea un organismo para ello, sin ninguna garantía jurídica y sin poder defenderse, y se emitirá una resolución administrativa que señalará que uno ha vulnerado derechos lingüísticos y por tanto ha vulnerado la ley y se tomarán medidas. Eso es reprobatorio y además esos expedientes con sus resoluciones se inscribirán en un registro. Eso es estigmatizar valencianos y provocar la confrontación. Abren una vía de confrontación siguiendo la hoja de ruta de Cataluña".

Ferrer San-Segundo ha advertido que "si, tal y como se excusan, no se pretende sancionar ni perseguir, no sabemos por qué no se activa el actual Servei d'Ús i Drets lingüístics".

La Portavoz Popular ha manifestado que "desde el PP estamos con el bilingüismo activo, pero una cosa es fomentar y promover y otra imponer o castigar a quienes quieran utilizar cualquiera de las dos lenguas cooficiales".

Para la diputada popular, "este decreto es un corta y pega de la oficina de garantías lingüísticas de Cataluña que ha acabado con multas a comercios y que no ha traído la convivencia pacífica de lenguas en Cataluña sino la confrontación y la fractura social. Queremos que se fomente y potencie el valenciano pero en un conflicto privado entre dos personas valencianas no se puede hacer prevalecer en el ámbito privado esa cuestión".

Ferrer San-Segundo ha señalado que "el tren que ha descarrilado en Cataluña no vamos a permitir si es posible que ni que salga de la estación. Fomento del valenciano sí pero imposiciones no".

"Ahora serán los tribunales quienes decidan si con esta nueva Oficina se están vulnerando derechos personales, la libertad y el ordenamiento jurídico o no", ha indicado.

Por último ha indicado que "desde el GPP habíamos presentado alegaciones de buena fe, pero a la vista del resultado y que no han sido recogidas, nos parece necesario presentar este recurso para estar al lado de los valencianos, en defensa de su libertad y ahora serán los tribunales quienes decidan".