VOX presenta en Les Corts una iniciativa para pedir al Gobierno la expulsión de los inmigrantes que entren ilegalmente en España

El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que se pide que se inste al gobierno de España para la expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país y que se acabe con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.

El diputado de VOX David Muñoz ha explicado que “todas las administraciones públicas deben trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública. Además, pedimos que se eliminen las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores”.

En esta iniciativa se pide aprobar, de forma urgente, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, “la lista de países seguros; esto es, todos aquellos en que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia en situaciones de conflicto armado; tales como Marruecos, Argelia o Senegal, países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.

También se exige suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales. Suspender la cooperación al desarrollo con todos aquellos países que llevan paralizadas las negociaciones con la UE para firmar acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales como Argelia o Marruecos.

Llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo. Proceder a la correcta transposición de la Directiva de retorno en España, y en concreto, regular el internamiento en centros de extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno.

Aplicar de forma sistemática y rigurosa lo establecido en el art. 8 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional para acordar el internamiento de quienes, al llegar al territorio nacional, soliciten cualquier tipo de protección internacional a fin de verificar la existencia de causas de exclusión.

Oponerse, desde las administraciones municipales o regionales, a la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado irregularmente en territorio nacional y que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.

En caso de producirse la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestra (región/localidad) por mandato del Ministerio del interior, aumentar y reforzar la presencia policial con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y tener controlados a los inmigrantes ilegales mientras se tramitan sus expedientes de expulsión.

Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, y Fernando Grande-Marlaska, como ministro del Interior, serán responsables de cualquier ataque contra la libertad o la seguridad de los vecinos/ciudadanos de nuestra localidad/región derivada de la reubicación de los inmigrantes ilegales.

La PNL también pide que se pongan todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestra (localidad/región). Que como ocurre con la política exterior y las relaciones internacionales, la política en materia de cooperación internacional, así como todas las ayudas relacionadas con esta, sean competencia exclusiva del Gobierno de la Nación