El PPCV registra en Les Corts una iniciativa en defensa de la soberanía nacional

El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes ha registrado hoy una Proposición No de Ley, de tramitación especial de urgencia, sobre la defensa de la soberanía nacional, tal y como anunció hace unos días la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. El texto de la iniciativa es el siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El miércoles 6 de febrero de 2019 la Vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, reconocía en rueda de prensa la aceptación de un mediador, bajo el título de "relator", en unas negociaciones con los partidos independentistas catalanes que apoyan al gobierno de la Generalitat.

Pese a los múltiples eufemismos empleados por el Gobierno, tal aceptación supone la asunción de varios elementos que son del todo punto intolerables. A saber: 1) que la Comunidad Autónoma de Cataluña es una entidad jurídica y política equiparable al Estado de la Nación, 2) que existe un conflicto político entre esas dos entidades supuestamente similares y, 3) que el Gobierno de la Nación renuncia a emplear las instituciones legítimas existentes para coordinar las relaciones entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. Esto hace evidente que no sólo estamos ante un insulto a la dignidad de la Nación, sino que el Gobierno tiene asumida una planificación impuesta por el secesionismo, que acabará desembocando en la ruptura de la soberanía nacional.

Una planificación que puede resumirse en las 21 exigencias que el presidente del Gobierno autonómico, sr. Torra, presentó al presidente del Gobierno central, sr. Sánchez, en la reunión que ambos mantuvieron, con el protocolo y despliegue logístico propio de las visitas de jefes de Estado, el pasado 20 de diciembre de 2018 en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Cabe señalar que dicho documento fue ocultado de manera deliberada por el Gobierno a los españoles y que, entre otras cosas, exige la ya concedida mediación, el reconocimiento del llamado derecho de autodeterminación o la quiebra del Estado de Derecho al imponer la impunidad jurídica a quienes están pendientes de juicio no por defender una determinada ideología, sino por perpetrar un ataque contra el Estado mediante la rebelión, la sedición y la malversación. Si son o no culpables, lo determinará la Justicia. Pero sólo la Justicia. Ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados, ni mucho menos los órganos internos de los partidos secesionistas.

El Gobierno ha dado muestras más que sobradas para no ser fiable en sus declaraciones. A menudo, éstas han sido justamente lo contrario a sus actos. Todos los españoles pudieron comprobar cómo, con la cooperación necesaria de la ministra de Justicia, el Gobierno cambió por completo la estrategia jurídica de la Abogacía del Estado, para imponer a ese cuerpo otra distinta, más beneficiosa para los políticos procesados por los sucesos del 1 de octubre. Y este es sólo un ejemplo de tantos. No, el Gobierno de Sánchez no es confiable. En seis meses de mandato, el presidente no ha dado ni una sola prueba a los españoles de que la unidad nacional y el Estado de Derecho en el que se sustenta nuestro sistema democrático no estén en riesgo mientras él esté presidiendo el Consejo de Ministros.

Además, aún resulta más indigna esta actuación cuando está motivada por una pulsión de poder. Porque todas estas cesiones no son fruto de una postura política, sino de una ansiedad desbocada del presidente del Gobierno por mantenerse en el poder. El presidente no duda un instante en traspasar todas las líneas que hacen de España una democracia sólida, con tal de mantenerse en el Palacio de la Moncloa.

Asumir la estrategia secesionista como propia es, de hecho, legitimar el ataque al Estado de Derecho como forma de funcionamiento y actuación en nuestro país. Es legitimar los comentarios y artículos racistas y supremacistas del sr. Torra y que, como dice el secesionismo, el sr. Puigdemont es un "preso político" y no un fugado. Esto ya es de por sí grave y sitúa al Gobierno del sr. Sánchez, y a él especialmente, en las páginas más dignas de olvido de nuestra Historia democrática. Pero es que además, supone el desamparo y desprotección de millones de catalanes que cada día se ven acosados por el secesionismo radical. Es perfectamente contrastable cómo la presión y la asfixia a la que el secesionismo está sometiendo a los catalanes no nacionalistas no ha hecho más que aumentar ante la pasividad, rozando la connivencia por inacción, del Gobierno.

Esta presión está siendo especialmente virulenta contra aquellos ciudadanos que son percibidos como un obstáculo para la independencia de Cataluña. Así, los autodenominados Comités de Defensa de la República y otros grupos separatistas radicales están perpetrando acciones como coacciones a jueces y fiscales, agresiones físicas y amenazas a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ataques a sedes de partidos políticos, intentos de asalto a instituciones como el Parlamento autonómico, la ocupación del espacio y las instituciones públicas con simbología separatista y la ocupación de infraestructuras clave -como la autopista AP-7-, vulnerado derechos fundamentales y libertades, como la de circulación y movilidad de las personas.

Todos estos no son hechos aislados, ni tampoco son reacciones espontáneas. Son acciones que cuentan con el aliento de la Generalitat, cuyo presidente les anima a "seguir apretando", y que demuestran el fracaso de la política de apaciguamiento del actual Gobierno español.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- Les Corts manifiestan su apoyo a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos radicales separatistas y exige al Gobierno de la Nación que proteja los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.

2.- Asimismo, Les Corts:

- Acuerdan exigir el cese de las negociaciones entre los Gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña cuyo objetivo es la división de la soberanía nacional.

- Constatan la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales que devuelva la voz a todos los españoles ante la grave deslealtad del Gobierno y sus socios separatistas hacia el interés general de la Nación.

- Convienen solicitar al Gobierno de Sánchez que no acepte la constitución de una Mesa Bilateral para una negociación entre el Estado y una Comunidad Autónoma en un plano de igualdad.

- Rechazan la figura de "mediador internacional" propuesta por Torra y aceptada por Sánchez, independientemente de la denominación que finalmente reciba.

- Exigen al Gobierno de la Nación que se oponga a cualquier diálogo que ponga en cuestión la soberanía Nacional o la unidad de España.

3.- Del presente acuerdo se dará traslado a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno de España.

4.- Que del grado del cumplimiento de esta Resolución se dé cuenta a Les Corts en el plazo máximo de un mes.