El PPCV pide la equiparación salarial de los 33.000 funcionarios de justicia de la Comunitat Valenciana
Laura Chulià, portavoz adjunta del GPP, asegura que “se trata de un imperativo de justicia social y laboral, que contribuye a garantizar la calidad y la imparcialidad en la prestación del servicio público”
La portavoz adjunta del GPP, Laura Chulià, pide la “equiparación salarial de 33.000 funcionarios de justicia de la Comunitat Valenciana de los que se ha olvidado el Gobierno de Sánchez.
El GPP ha presentado una iniciativa legislativa en la que insta al Gobierno de Sánchez a poner en marcha las medidas necesarias para mejorar la situación salarial a los funcionarios de justicia de la Comunitat Valenciana porque “el acuerdo del ministerio pese a las reivindicaciones de los funcionarios, no afectará a los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia”.
“Se trata de un imperativo de justicia social y laboral, que contribuye a garantizar la calidad y la imparcialidad en la prestación del servicio público”, ha señalado.
Chulià ha asegurado que “el gobierno debe incluir en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia las propuestas concretas del Ministerio, trasladadas con la debida antelación a todas las Comunidades Autónomas, para atender a las reivindicaciones retributivas de todos los funcionarios de la Administración de justicia de la totalidad del territorio nacional”.
“Debemos de ser conocedores de las modificaciones normativas y su incidencia en las funciones que han de realizar los cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de justicia”
En este sentido, la portavoz adjunta ha exigido al Gobierno de España que “asuma
sus responsabilidades en la negociación de las condiciones laborales de todos los integrantes de los cuerpos generales de auxilio, tramitación y gestión de todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, desempeñen sus funciones en el momento de la negociación en territorio de ámbito transferido o no transferido”.
Chulià ha afirmado que “se deben asumir responsabilidades y negociar los términos de las propuestas retributivas en el complemento general del puesto respecto a la totalidad de los más de 40.000 funcionarios cuyas funciones y competencias vienen fijadas con carácter general y común por normativa de exclusiva competencia del Gobierno de España”.
“Queremos que el Gobierno de Sánchez no dé la espalda a la autonomías como ya nos tiene acostumbrados y presente ante las Comunidades Autónomas con competencias en materia de administración de la Administración de Justicia, un plan de compensación económica por las medidas que han tenido que ser adoptadas, o deban adoptarse en el futuro, para la normalización y resolución de los retrasos causados por los conflictos laborales generados o que se generen por la gestión del ministerio de Justicia de los cambios de las funciones atribuidas al personal por los proyectos normativos de carácter básico, impulsados por el Gobierno”.
