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El PPCV pide al Gobierno de Sánchez que no se cierren cuarteles en la Comunitat y aumentar los agentes de Policía y Guardia Civil

El PPCV pide al Gobierno de Sánchez que no se cierren cuarteles en la Comunitat y aumentar los agentes de Policía y Guardia Civil
  • El PPCV ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts en la que exige al Gobierno de Sánchez “aumentar recursos y medios para mejorar la seguridad”

  • Andrea Gigante recuerda que los delitos en la Comunitat Valenciana han crecido un 8,1% en 2023, dos puntos por encima de la media nacional

El PPCV ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts solicitando que “no se cierre ningún cuartel ni instalación de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana y que se aumenten los agentes de Policía y Guardia Civil para luchar contra la delincuencia”.

La diputada popular Andrea Gigante ha señalado que “los delitos en la Comunitat Valenciana han crecido un 8,1% en 2023, dos puntos por encima de la media nacional. Y pese a esto, el gobierno de España ha anunciado el cierre de diversos cuarteles de la Guardia Civil en nuestra tierra, poniendo en riesgo el cierre de trece cuarteles en las tres provincias. No tiene sentido cerrar cuarteles sino aumentar recursos y medios para mejorar la seguridad”.

“A día de hoy -ha continuado- la unidad escrita de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana cuenta con 120 efectivos menos que hace una década. Los robos con violencia e intimidación aumentaron un 7,1% y el tráfico de drogas un 24%. Necesitamos aumentar de forma urgente el número de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil para devolver la sensación de seguridad a los ciudadanos de la Comunitat. Ya está bien del ninguneo de Sánchez a nuestra tierra, los valencianos merecemos más”.

Andrea Gigante ha indicado que “en la provincia de Castellón se ha anunciado el cierre de cinco cuarteles de la Guardia Civil en las localidades de Artana, Alcossebre, Betxí, Benasal y Lucena, pasando a ser sustituidos por oficinas de información ciudadana. Además, siguen negando reivindicaciones históricas como la construcción inmediata de los cuarteles de Almazora, Nules, Benicasim y Onda. En Alicante, el cuartel de Benissa fue cerrado en 2023; y, otros, como el de Jacarilla están pendientes de traslado a otras dependencias municipales, puesto que se encuentran en ruinas. La provincia de Valencia tiene ocho cuarteles en riesgo, Jarafuel, Vallada, Simat de la Valldigna, Alginet, Sollana, Polinyà del Xuquer y Corbera. La pérdida de estos cuarteles implicaría dejar a estos municipios sin medios para combatir los delitos y mantener la tranquilidad de los ciudadanos. Pedimos que no se sigan recortando medios en la lucha contra la criminalidad, sino que se incrementen”. 

El texto de la propuesta de resolución, presentada conjuntamente con el grupo Vox, dice lo siguiente:

Les Corts Valencianes instan al Consell a que a su vez inste al Gobierno de España a:

  1. Que no se proceda al cierre de ningún cuartel o instalación de la Guardia Civil, en ninguna de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.
  2. Aumentar, de forma urgente, el número de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional para luchar contra la delincuencia y el aumento de la criminalidad en la Comunitat Valenciana, actualizando los desfasados catálogos a la población actual y a los nuevos fenómenos delincuenciales.
  3. Dotar de los medios adecuados, para el desempeño de sus funciones, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  4. La cobertura de las vacantes y la renovación urgente del Convenio que regula la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana en condiciones adecuadas para la Comunitat Valenciana.
  5. Informar transparentemente desde el Gobierno de la Nación, a los gobiernos regionales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los repartos interregionales de inmigrantes ilegales para poder prevenir y planificar una actuación  eficiente y eficaz.
  6. El endurecimiento del Código Penal para combatir la oleada de robos en explotaciones agrícolas de la huerta valenciana.
  7. La prestación de la colaboración y cooperación necesaria a la Generalitat Valenciana y, en particular, a la Conselleria de Justicia e Interior, en el marco de los órganos dispuestos en las leyes para ello y, singularmente, del Observatorio de Seguridad de la Comunitat Valenciana, previsto en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.
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