El PPCV pedirá que Les Corts muestre su oposición “inequívoca” a la imposición de peajes en las autovías de la Comunitat
Barrachina pide al Consell que se active. “Somos los últimos en creación de empleo, los últimos en financiación y los últimos en recibir obra pública del Estado”
El Grupo parlamentario Popular pedirá que Les Corts muestren su oposición “inequívoca” a que las actuales autovías que transitan por la Comunitat Valenciana pasen a tener un peaje, independientemente de que la titularidad sea autonómica o nacional.
El portavoz de Infraestructuras del GPP, Miguel Barrachina, se he referido hoy al debate sobre la posible imposición de un peaje a las autovías abierto recientemente por los ministros José Luis Ábalos (Fomento) y Mª Jesús Montero (Hacienda). El diputado ha señalado que, como parte de ese debate, “resulta indispensable oír lo que piensan Les Corts al respecto, de ahí la presentación de esta iniciativa”.
Barrachina ha señalado que este debate “no es un calentón de verano del Gobierno, sino algo programado” y ha explicado que el año pasado aprobó el Real Decreto Ley 18/2018, de 11 de noviembre, que establece que con un simple acuerdo de Consejo de Ministros se podían imponer peajes en cualquier autovía de España. El diputado popular, que fue ponente en el Congreso de la Ley de Carreteras, ha recordado que la medida prosperó en su convalidación en el Congreso con el respaldo de grupos como PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos y tuvo la sola oposición del PP. Barrachina ha indicado que hablar de la imposición de tasas al turismo o de imponer peajes en autovías es “lesivo” para la Comunitat Valenciana.
“Para el Partido Popular las autovías en España son gratuitas desde siempre y pueden seguir siéndolo gestionando adecuadamente nuestro país. Ni si quiera en el peor momento de la crisis económica de 2008-2014 se planteó esta posibilidad”, ha señalado. Asimismo, ha indicado que el PP “cree en la igualdad de trato y por tanto, las cinco autopistas amortizadas tras 40 años de peaje deben pasar a ser gratuitas, pues ya han sido costeadas por los vecinos”. Entre ellas están la ya abierta al tráfico Burgos-Armiñón (AP-1), la que vertebra la Comunitat Valenciana, Tarragona-Alicante (AP-7), y la de Sevilla a Cádiz (AP-4) –cuyos contratos concluyen este año- y la Zaragoza-Mediterráneo (AP-2) y tramos posteriores de la AP-7 en Cataluña.
Bloquear infraestructuras
El portavoz de Infraestructuras ha pedido al Consell de Ximo Puig que “salga de su pereza y se active” y ha señalado que no se podía haber empezado la legislatura peor. “Somos los últimos en creación de empleo, somos los últimos en financiación, somos los últimos en recibir obra pública del Estado”, ha indicado. “Pedimos a Puig que no bloquee las escasas inversiones que puedan llegar del Estado y que no hipoteque a los valencianos con anuncios de nuevas tasas”, ha añadido. Así, Barrachina ha explicado que “solo el 1% de la obra pública del Estado se lleva a cabo en la Comunitat Valenciana”.
“A 30 de junio el Gobierno de Pedro Sánchez solo había invertido el 3% de lo previsto. Le queda un 97% por hacer y ante esta desidia nacional las escasísimas obras públicas que llegan son aquellas iniciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy como el ensanchamiento de la V-21, en la que no hay forma de que el Botànic se ponga de acuerdo consigo mismo ni convencer al Ayuntamiento de Valencia”, ha señalado. “Resulta incomprensible que sean los dirigentes en la propia Comunitat Valenciana, como Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, quienes sean cicateros a la hora de recibir esos recursos del Estado”.
“Y si la obra pública del Estado es escasa lo mismo ocurre con la de la Generalitat, desde donde además ahora van a cerrar el grifo, con lo que se van a paralizar las inversiones”, ha señalado Barrachina. Al respecto, ha criticado que el Consell de Puig, Oltra y Dalmau “haya tenido el dinero justo para nombrar 116 asesores y ayudar al nacionalismo catalán con subvenciones y partir de ahí haya determinado que ya no se puede gastar más”. “No es posible que tengamos un President de la Generalitat que disfruta de 116 asesores y que se dedique a criticar a Isabel Díaz Ayuso por bajar los impuestos a los madrileños. Lo que no dice el Gobierno de Puig es de dónde va a recortar, pero una cosa es segura: no va a hacerlo en ellos mismos y en sus amigos, en su aparato de propaganda, en sus asociaciones, ni en sus asesores”, ha concluido.
