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El PPCV insta al 'tándem Puig-Bravo' a que medien para que el Gobierno socialista defienda a Llarena y la soberanía judicial española

    La portavoz de Justicia afirma que el PPCV "apoya, de principio a fin y sin complejos, el manifiesto de las 5 asociaciones judiciales y fiscales reclamando la defensa del Juez Llarena y de la Justicia española"

    26, agosto, 2018.- La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha instado "al 'tándem Puig-Bravo' a que medien para que el Gobierno socialista defienda -y no deje abandonado- al juez Llarena y la soberanía judicial española", ante los "ataques coactivos de Puigdemont y sus acompañantes prófugos de nuestra Justicia en Bélgica".

    La diputada ha declarado, en este sentido, que el PPCV "apoya, de principio a fin y sin complejos, el manifiesto de las 5 asociaciones judiciales y fiscales" (todas menos Jueces/Juezas para la Democracia, porque en el último momento también se ha sumado la Asociación Progresista de Fiscales a la que precisamente pertenece la Ministra de Justicia Dolores Delgado, el Secretario de Estado, Manuel Dolz, y la consellera Bravo). Los juristas han reclamado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez "la defensa del Juez Llarena y de la Justicia española, sin hacer oídos sordos, como hasta ahora, al amparo del CGPJ y a los Informes de la Abogacía del Estado que lo respaldan."

    En todo caso, Ferrer San-Segundo, "ante la dejación de funciones por parte del Gobierno de España, deserción en la defensa de la soberanía nacional y abandono a su suerte de los Jueces que hacen su trabajo haciendo cumplir nuestras leyes" ha anunciado "iniciativas y acciones 'populares' en apoyo del Juez Llarena, la independencia de jueces o fiscales españoles y la soberanía nacional, en las instituciones, en la sociedad o en la calle: donde haga falta."

    "En una semana en que ese 'tándem Puig-Bravo' ha hecho ostentación de ser un dúo persuasivo ante el Gobierno socialista de España cuando de verdad se lo proponen, aunque ello genere alta tensión con Oltra y sus socios de Compromís, hay que pedir al President y la Consellera de Justicia que apliquen esa influencia, no solo para colgarse medallas a golpe de foto, sino también en un cometido tan importante como la defensa del Estado de Derecho, la soberanía española, la independencia de la judicatura y la labor de la fiscalía", ha manifestado.

    La portavoz de Justicia del GPP ha recordado que Bravo "ha presumido estos días de trayectoria jurídica, y lo tiene muy fácil: que defienda activamente la ley, el Estado de Derecho y la inmunidad jurisdiccional de España, así como la independencia de jueces y fiscales", ha proseguido.

    Compromiso jurídico y político

    La portavoz popular ha razonado que "una jurista con responsabilidades públicas, y un presidente de comunidad autónoma han de implicarse e impedir el abandono de funciones del Gobierno de su mismo partido, instando su personación inmediata en Bélgica antes de que sea procesalmente imposible, para defender la Justicia española y la soberanía nacional frente a un prófugo como Puigdemont". "Eso es compromiso jurídico y político. Más que generar conflictos de egos en el propio Consell del Botànic, un conglomerado de conveniencia con claros síntomas de descomposición", ha añadido.

    La diputada ha proseguido asegurando que "el Gobierno de solo 84 diputados no puede ser complaciente, y desde el PP no vamos a consentirlo, porque esté atenazado por el pago del voto a independentistas y populistas que lo mantienen artificialmente, hasta que decidan lo contrario. Porque esa onerosa factura la pagamos los españoles, incluyendo nuestros jueces que son amenazados y perseguidos por defender la legalidad".

    Finamente, la portavoz de Justicia ha pedido "que se apoye a jueces o fiscales, y que no se les abandone cuando hacen su trabajo defendiendo nuestra legalidad y la soberanía nacional. Porque afirmar que la investigación a los huidos con Puigdemont no es por delitos políticos sino por comportamientos recogidos en el Código Penal, no es una opinión privada del Juez, como sorprendentemente ha declarado públicamente la Ministra de Justicia: es explicar con coherencia jurídica sus resoluciones judiciales", ha concluido Ferrer San Segundo.

     

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