El PPCV denuncia que el 68% de los contratos del Botànic en 2022 se realizaron fuera de los procedimientos legales

La diputada del GPP, María Gómez, ha denunciado que “se puede concluir que los contratos suscritos por el Botànic al margen de los procedimientos legalmente establecidos representan un 67,98% del total de contratos formalizados en el ejercicio 2022”.

Gómez ha lamentado que “cada día conocemos nuevos datos sobre el descontrol del Botànic en la contratación de personal y en la gestión del dinero de todos los valencianos”.

Así se ha manifestado tras la comparecencia del Síndic de Comptes en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda celebrada este martes en Les Corts, donde se ha informado de los datos relativos a las cuentas del año 2022.

La diputada popular ha señalado que en lo relativo a la contratación del personal laboral temporal, “las entidades del Sector Público Instrumental de la Generalitat realizaron 6.398 altas de personal laboral temporal, mientras que las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos han sido 2.081. Por lo que, en el ejercicio 2021, hubo más de 4.000 contrataciones de personal laboral temporal sin autorización”.

“Este desmadre del sector público tiene consecuencias y vemos como entidades como la SGISE, con Gabriela Bravo al frente,  hacen un uso incorrecto de estos encargos para nutrirse de personal” ha apuntado María Gómez, quien ha avanzado que “en 2022, se ha auditado en materia de contratación a 51 entidades y en más del 90 % de los informes se hace alguna observación y un 27,5 % de los informes presentan una valoración negativa”. “Son datos demoledores” , ha subrayado.

La diputada del Grupo Popular ha remarcado que “cada día del año 2022, el gobierno del Botànic tenía casi dos expedientes contratados irregularmente” y ha añadido que, este abuso, “ha supuesto un importe conjunto de 1.360 millones de euros, que si los sumamos a los que lleva desde el inicio del gobierno del Botànic se superan los 10.000 millones de euros”.

Una forma de actuar que “lamentablemente, genera expedientes de enriquecimiento injusto, más de 600 en solo un año, que suponen 1.360 millones de euros” ha destacado la diputada.

Finalmente, ha denunciado que “tal y como ha destacado el Síndic, el volumen de ingresos presupuestario no se corresponde con la realidad, lo que lleva a aumentar el déficit presupuestario y el recurso al endeudamiento, en tanto que los ingresos no se obtienen y los gastos que se financian sí que se realizan”.