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La Policía de la Generalitat detecta 388 apartamentos irregulares en la Comunitat

  • Desde que se inició la campaña contra el intrusismo turístico de la Agencia Valenciana de Turismo, se han realizado 3.650 inspecciones y controlado 1.557 apartamentos, de los cuáles 388 no están registrados legalmente

La Policía de la Generalitat ha detectado, en colaboración con los inspectores de la Agencia Valenciana de Turismo, un total de 388 apartamentos irregulares en la Comunitat Valenciana. En concreto, desde el inicio de la campaña que la Generalitat ha puesto en marcha para evitar el intrusismo turístico, se han llevado a cabo 3.650 inspecciones y se han controlado más de 1.557 apartamentos, efectuandose intervenciones en 23 poblaciones turísticas (10 de Valencia, 8 en Alicante y 5 de Castellón).

En el mes de julio, los agentes han localizado en el centro de Valencia una inmobiliaria irregular e investigan varios casos de estafa por alquileres de apartamentos a través de Internet sin ningún tipo de permiso de sus propietarios. Es el caso de una persona que se ha dedicado a estafar con el alquiler de chalets de lujo en toda la Comunitat Valenciana y también en otros lugares, en ocasiones incluso donde residían sus dueños.

El mes pasado, ya se identificó a dos personas por casos similares en Gandía. En estos casos los estafadores, además de facilitar datos falsos y utilizar cuentas en puntos remotos, suelen sustraer información de alquileres de particulares anunciadas en portales legales o bien utilizar fotografías de viviendas a la venta para cobrar anticipos, reservas o fianzas por el alquiler. Viviendas que en ninguno de los casos está registrada como apartamento turístico.

Estas actuaciones se han intensificado para velar por la calidad de la oferta del producto turístico, evitando las actividades turísticas clandestinas, la competencia desleal y el intrusismo. Se trata de unas acciones que se enmarcan dentro de la Operación Ecosub, la operación contra el empleo clandestino, la competencia desleal, el fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria que lleva a cabo el Consell para la detección de economía sumergida.

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