El PSPV denuncia el despido de una empleada de ayuda a domicilio con 21 años de antigüedad y una minusvalía del 70%

El PSPV de la Pobla de Vallbona ha denunciado las graves consecuencias que las políticas laborales del actual equipo de gobierno del Partido Popular han supuesto en el consistorio poblano tras entrar en vigor el presupuesto de 2013. La amortización de las 7 plazas previstas suponen un ahorro cercano a los 200.000 euros.

Entre los 7 trabajadores despedidos hay que destacar el caso de una empleada de ayuda a domicilio que con una antigüedad de 21 años en el consistorio vallbonense y una minusvalía del 70% se ha quedado en la calle de forma fulminante, sin ningún tipo de prestación social ni laboral por parte del ayuntamiento y una sombría perspectiva de futuro.

El PSPV ha lamentado que el PP "ha preferido despedir a trabajadores con una precaria situación laboral y económica antes que recortar seriamente en aquellos puestos de trabajo que reciben sueldos que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros mensuales, las productividades y las gratificaciones tan generosas que de forma arbitraria se otorgan ni tampoco se han reducido ni un ápice los gastos en altos cargos y los sueldos de los concejales del equipo de gobierno".

El presupuesto de 2013 aprobado por el PP incluye que durante este año se destinarán 290.000 euro al pago de los sueldos y la seguridad social de los 5 concejales del PP con una dedicación exclusiva, además de las retribuciones de los altos cargos, lo que supone un incremento notable del 12'5% respecto de los gastos municipales de 2012.

El PSPV reprueba que en la Pobla "todavía existen dos categorías de personas, especialmente en la administración con un segmento de gente selecta que dispone de onerosos sueldos mientras una gran mayoría debe soportar los recortes en prestaciones sociales, sueldos y derechos laborales sin que el PP haga nada al respecto por mejorar esta desigualdad". Por todo ello, el grupo socialista ha reclamado al equipo de gobierno que ponga en marcha políticas sociales, formativas y laborales porque las personas despedidas tengan una perspectiva de futuro mejor.

El despido de esta empleada de ayuda a domicilio se une al de otro trabajador de la casa de cultura con una discapacidad médica del 69% que no le impedía realizar determinadas funciones laborales. Sin embargo, el PP ha hecho caso omiso del certificado médico aportado por el empleado público y le ha notificado su despido fulminante. Este trabajador carece de otras vías de ingresos económicos, convive con su madre de 87 años de edad afectada por la enfermedad del alzheimer -en estado avanzado- y deber afrontar su inserción en un mercado laboral afectado por el paro y carente de una pensión por cotización insuficiente.