PSPV: "El Ayuntamiento ha pagado una factura de 11.400 euros a un proveedor a pesar del informe contrario de la interventora"
El PSPV de la Pobla de Vallbona ha denunciado que el pleno de la localidad que preside la alcaldesa, Mari Carmen Contelles, del Partido Popular, ha aprobado el pago de una factura de 11.456'28 euros a una empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público a pesar del informe en contra de la interventora municipal.
El escrito público de la funcionaria del consistorio señala que la citada factura "supera los 2.000 euros y, por tanto, incumple lo establecido en la base 23.1 al no haberse tramitado la correspondiente propuesta de gastos" aunque esta advertencia no ha sido un obstáculo para que el equipo de gobierno haya aprobado su abono a la empresa proveedora.
El informe de la interventora de la Pobla prosigue que la realización de un gasto sin soportar el crédito adecuado y suficiente implica "la nulidad del procedimiento administrativo de su tramitación y provoca los efectos del artículo 216.2 del real decreto 2/2004, por lo que el pleno de la corporación deberá autorizar su gasto y reconocer las obligaciones extrajudiciales de crédito para aprobar el gasto referenciado por un importe total del reconocimiento extrajudicial de crédito".
La portavoz municipal del PSPV de la Pobla de Vallbona, Regina Llavata, ha expresado su "preocupación" por la forma de gestionar el dinero público por parte del equipo de gobierno del Partido Popular "pues no tienen en cuenta los cauces establecidos para el abono de las facturas municipales y, además, hacen caso omiso a los informes de los empleados públicos del ayuntamiento; olvidan que se trata del dinero que aportan todos los contribuyentes a través de los impuestos y las tasas".
El pleno municipal de la Pobla de Vallbona validó, además, el pago de facturas a los proveedores de los años 2014 por valor de 15.920 euros y otros 796 euros correspondientes al ejercicio de 2015.
El informe concluye su análisis sobre la gestión económica advirtiendo de que la consolidación de este tipo de gastos sin consignación "implica la incorrecta tramitación administrativa de la realización del gasto y puede suponer la aparición de un déficit estructural".
Además, el texto insiste en que una de las prioridades de los gestores políticos "debe ser la minoración de la existencia de gastos realizados sin consignación presupuestaria ya que, con independencia de las responsabilidades que ello puede implicar, de cara a los proveedores del ayuntamiento provoca una tramitación administrativa más costosa que puede suponer un alargamiento de los plazos de pago de estas facturas" y, por tanto, "provocar que incumplamos el periodo medio de pago".
Entre las facturas abonadas mediante la aprobación del pleno cabe señalar las correspondientes a la elaboración de videos, la realización de actividades culturales, el transporte en autobús, las actuaciones musicales, la inserción de publicidad y la compra de diversos artículos de ferretería, entre otros.
