El Plan de Modernización pretende reducir de 140 a 80 días la media para la tramitación administrativa en la Generalitat

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presentado este miércoles el Informe para la Modernización de la Administración elaborado por un grupo de personas expertas liderados por el profesor José Luis Martínez Morales. Entre otros objetivos, las medidas que se proponen en el informe pretenden que el tiempo de tramitación de los contratos públicos de la Generalitat, cuya media está ahora mismo en 140 días se reduzca a 80.

Gabriela Bravo ha explicado que la crisis económica y social derivada de la pandemia "no se puede afrontar con las mismas recetas que se usaron en 2008". Para la consellera "tanto la Unión Europea, como el Gobierno de España y la propia Generalitat optan por políticas expansivas de inversión para estimular la economía, y no por medidas restrictivas del gasto público".

La Unión Europea destinará a España 140.000 millones de euros, de los cuales, la Comunitat Valenciana pretende recibir alrededor de 21.000. Gestionar estos fondos "es un verdadero reto, no sólo por las características de los proyectos que son susceptibles de ser financiados, sino también por la celeridad con la que hay que solicitarlos y tramitarlos".

En este sentido, cabe recordar que el 60% de los compromisos de gasto se deben contraer antes del 31 de diciembre de 2022 y, el resto, justo un año después como muy tarde. "Con estas condiciones, -ha dicho la consellera- para cualquiera que conozca un poco cómo son los procedimientos, le resultará evidente que la Administración necesita reformarse para asumir un desafío de esta magnitud.

Estos fondos "no serán los primeros que la Generalitat inyectará en la economía valenciana porque en los últimos meses hemos aprobado paquetes de ayudas para paliar los estragos de esta crisis como el Plan Resistir, dotado con 400 millones para empresas; o el Plan Resistir Plus con 647 millones para ayudar a 188 sectores productivos".

En todo caso, el informe contiene un diagnóstico integral de los problemas la Administración y propone soluciones concretas para cada uno de los ámbitos donde se puede mejorar en eficiencia. Se trata de cinco ejes, con 18 líneas de medidas y 63 propuestas de acciones.

Otro de los objetivos que se pretende alcanzar es la mayor celeridad en la tramitación de los contratos públicos. Cada mes, la Generalitat formaliza alrededor de 250 contratos de todo tipo "pero nuestro objetivo es llegar a los 400 y, en el caso de los convenios y subvenciones, pretendemos reducir su tramitación media de los 75 a los 45 días" porque "somos conscientes de que la supervivencia de miles de empresas y puestos de trabajo dependen de la celeridad con que se tramite una ayuda, una subvención o un contrato público", ha dicho Gabriela Bravo.

Por ello, "no puede haber excusas ni dilaciones para hacer que nuestra administración sea un agente facilitador de la inversión, el progreso y la justicia social. Jamás, un obstáculo", ha puntualizado.

El informe y las medidas que propone "no es el inicio de un capítulo, sino un punto y seguido en la política del Consell del Botànic" para la modernización y mejora de los procesos administrativos "de la misma manera que lo hacemos con la gestión de los recursos humanos".

En este punto, la consellera ha recordado el potencial de la nueva Ley de Función Pública cuando empiece a desarrollarse "producto del consenso con los sindicatos que han jugado un papel muy importante y que debe seguir haciéndolo para diseñar la Función Pública que necesitamos en este nuevo tiempo".

Además, la consellera ha proclamado que "también contamos con los empresarios y los emprendedores" para los que, se pondrá en marcha la Oficina de Simplificación Administrativa que se une a otras iniciativas como el Plan Agiliza Urbanismo que ha conseguido reducir en un 30% el tiempo medio de tramitación en esta materia.

"El informe es heredero directo del espíritu que propició la gran alianza que supuso el Alcem-nos". Por eso "no sólo propone un catálogo de medidas para la gestión eficaz de la financiación destinada a la recuperación, sino que va más allá con la propuesta de medidas que ayuden a la transformación de la Administración Pública y, con ella, dar los pasos necesarios para el tránsito hacia un nuevo modelo productivo", ha concluido Gabriela Bravo.